El titular del Ejecutivo Federal ha criticado en diversas ocasiones que, desde su perspectiva, “para cada problema público haya una institución para atenderlo”. Parcialmente tiene razón; durante varios años se crearon varias dependencias que no solo no contaban con las capacidades para resolver los problemas sobre los que se justificó su existencia, sino que además duplicaban y desperdiciaban recursos.Sin embargo, hay agendas para las cuales, dada su complejidad y magnitud, así como su relevancia para el país, sí exigen de intervenciones especializadas que, además, deben articularse desde una visión de intervención pública interinstitucional y multidisciplinaria.Una de ellas es la relativa al cumplimiento de los derechos de la niñez, pues en eso nos va, no solo el futuro del país, sino nuestra consistencia ética; pues no hay un imperativo más relevante que lograr que todas las niñas y niños tengan acceso a la garantía plena de todos sus derechos.Desde esta perspectiva, no es correcto sostener que el Sistema Nacional DIF puede por sí mismo dar cumplimiento a toda la agenda de los derechos de la niñez mexicana. Por ello se creó en el 2014 la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece el mandato de constituir al Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual es un espacio pensado para la coordinación y la acción articulada de todo el gobierno para cumplir con esta compleja agenda, la cual debe asumirse como un eje transversal de las políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal.Desde esta perspectiva, asumir que sistemas como el SIPINNA u organismos como el CONAPRED pueden mantenerse acéfalos, con la idea de minimizar sus actividades y con ello generar ahorros presupuestales, constituye, además de un desdén a su relevancia, un error grave en términos de la responsabilidad de dar cumplimiento al Artículo 4º de la Constitución en lo relativo al principio del Interés Superior de la Niñez.Se trata de una lógica no solo simple, sino equívoca, pues hay problemas cuya solución es multifactorial y requieren de mucho más que de la disponibilidad de recursos. La violencia que se ejerce contra las niñas y los niños, la garantía de los derechos culturales, la erradicación del trabajo infantil, por ejemplo, requieren de mucho más que de una economía fuerte y que distribuya equitativamente los recursos, pues sus causas profundas están mucho más allá de la esfera económica.La garantía plena de los derechos de la niñez se encuentra en esferas de justicia que exigirían desde la gratuidad de varios servicios, la disponibilidad de infraestructura hoy inexistente, así como el quiebre de la visión adultocéntrica desde la que se diseñan aún las políticas públicas y cuyo rediseño requiere de mucho más que de las urgentes medidas presupuestales, hoy a todas luces insuficientes.Los datos de que disponemos son atroces. La semana pasada se dio, por ejemplo, la noticia de un niño de 9 años, quien perdió la vida al intentar cruzar, con su familia, el Río Bravo. Este evento recuerda las otras dolorosas imágenes de la niña Valeria Martínez ahogada a espaldas de su padre, igualmente en el intento desesperado de llegar a los Estados Unidos de América.El CONEVAL indica que solo el 92.5% de la población de 5 a 17 años de edad asiste a la escuela; y que el 13.4% de quienes tienen de 12 a 17 años trabajan para contribuir al ingreso de sus familias.Por su parte, el INEGI estima que, al cuarto trimestre del 2020, de los 30.32 millones de niñas y niños menores de 15 años, 7.73 millones vivían en el estrato socioeconómico bajo, mientras que 15.62 millones lo hacían en el estrato medio-bajo. Esto implica que al menos tres de cada cuatro niñas y niños del país forman parte de los estratos señalados, lo cual implica un alto nivel de incumplimiento de sus derechos.Para estas niñas y niños no hay tiempo. Cada día que pasa vulnerando sus garantías, es un día que pierden de posibilidades de bienestar presente y futuro. Por ello, lograr que ninguna niña o niño se quede atrás en el cumplimiento de sus derechos es un imperativo categórico irrenunciable; y por ello debe reconocerse que, en esta materia, hasta ahora, todas y todos hemos fallado.
