Dentro de la vorágine noticiosa por el futuro de la Villa Panamericana, pasó un poco desapercibida una buena propuesta para dar una batalla más contra el ilegal y multimillonario negocio de las laudo-mafias.Me refiero a la iniciativa que hace dos semanas presentaron las y los diputados panistas en el Congreso local y que busca que los laudos por despidos injustificados los paguen los funcionarios responsables y no se cubran con dinero público. Es decir, que en todos los casos donde se compruebe que hubo errores, por dolo o negligencia, en los procesos de rescisión de contrato y se genere un daño al erario, el empelado público pague de su bolsa, aún cuando sea despedido e inhabilitado para volver a ocupar un cargo público. Esta iniciativa debe ser aprobada, porque al menos tiene dos grandes efectos positivos.Por un lado puede ser un escudo para respetar los derechos laborales y las trayectorias de los buenos servidores públicos y no generar más demandas laborales.Pero lo más importante es que cortaría de raíz la trama de corrupción que han mantenido los despachos de abogados en materia laboral, conocidos popularmente como “talibanes”, que han hecho de los laudos una millonaria industria ilegal que desvía miles de millones de pesos de los presupuestos públicos, poniendo en riesgo la viabilidad de autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno, así como a muchas empresas privadas.Pese a la temporal persecución que se dio durante el sexenio pasado, cuando el entonces secretario del Trabajo, Eduardo Alamaguer, denunció por primera vez la existencia de esta trama corrupta, como el caso del SIAPA, donde por la complicidad de su área jurídica con los abogados talibanes, se estuvo a punto de pagar 35 millones de pesos a dos ex notificadores por un supuesto despido injustificado, poco se ha avanzado para detener estos saqueos.A lo más que se llegó fue a una reforma que limitó a un año el pago de sueldos caídos, pero los abusos siguen.Prueba de ello es que en los últimos cinco años se han acumulado 16 mil 490 demandas en dependencias públicas del Estado, de las cuáles 8 mil 619 han sido a favor del denunciante al que se le debe pagar y/o reinstalar. El año pasado fue récord en laudos con dos mil 61 y en lo que va del año ya son mil 315No es que se deba atentar contra el legítimo derecho del servidor público a reclamar sus derechos laborales cuando se les violen, pero alcaldes consultados me dicen que al menos un 90 por ciento de los casos están amañados por las laudo-mafias.Ejemplos hay muchos. Alcaldes que están amenazados, como el de Tala y La Barca, con destituirlos por no pagar millonarios laudos que afectarían gravemente sus presupuestos. O como en Tonalá, donde se han tenido que reinstalar 378 burócratas y pagarles los salarios caídos, por más que extraños fallos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que ignora que muchos fueron empleados de confianza a los que les venció el contrato. Sin duda, también, muchos del Tribunal son parte de las laudo-mafias.Es, pues, momento de reactivar la batalla contra estos desvíos millonarios e intentar sacar de la impunidad a los despachos talibanes que corrompen funcionarios en detrimento de los de por sí raquíticos presupuestos públicos. O por lo menos pararles el negocio. Esta iniciativa panista en mucho ayudaría a lograrlo.
