La comparecencia ayer en el Congreso del primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco, Gerardo de la Cruz, sirvió sólo para confirmar que los resultados de esta instancia clave del Sistema Estatal Anticorrupción están muy lejos de lo que se esperaba.La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sigue ahogada atendiendo quejas de abusos de autoridad y tortura, y apenas 30% de las carpetas de investigación tiene que ver con asuntos de malos manejos administrativos y desvíos de los presupuestos públicos.Por eso, en casi año y medio de trabajo los resultados de la Fiscalía Anticorrupción son prácticamente nulos, y el reino de impunidad que se propuso combatir sigue intocado.Sus resultados concretos son seis detenidos, de los cuales a sólo dos se le ha vinculado a proceso.Esta ineficacia no se resolverá mientras no se acote la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, como se ha venido reclamando casi desde su nacimiento.En el RADAR del 15 de agosto pasado escribí: “Lo más preocupante es que la falta de ministerios públicos, agentes investigadores especializados en temas anticorrupción, equipo tecnológico y herramientas de trabajo no es lo único que ha obstaculizado el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. A la falta de manos para ir por los corruptos se la ha sumado la saturación de trabajo por enviar a esa nueva dependencia carpetas de investigación que nada tienen que ver con el combate a la corrupción y a la impunidad. Por las prisas en el trabajo legislativo para la creación de esta Fiscalía Especializada, no quedaron bien establecidos los criterios para definir qué delitos de funcionarios públicos causan algún daño al erario, para que sean esas carpetas las únicas de las que se ocupe esta nueva instancia. Urge en ese sentido que en el Congreso revisen el Título Séptimo de esta materia y se delimiten debidamente los expedientes que tenga que ver la Fiscalía Anticorrupción, que está ya rebasada con más de 900 expedientes, 50% de los cuales es, por ejemplo, de abuso de autoridad y de tortura, que nada tienen que ver con actos de corrupción”.La pasada Legislatura hizo caso omiso para corregir la pifia. En la actual, dijeron que lo corregirían de inmediato sin que a más de un semestre de iniciada su gestión hayan cumplido. Por eso ahora la Fiscalía suma mil 400 expedientes, de los que siete de cada 10 no tiene nada que ver con castigar a funcionarias o funcionarios corruptos.De entrada, el fiscal debe exigir con mayor insistencia y energía que esta condición cambie, y las y los diputados atender ya esta inconsistencia legislativa, que por todas las largas que dan para su corrección, más que falta de técnica, parece la mano negra de la clase política y gubernamental para prolongar lo más posible el goce de las prebendas, corruptelas e impunidad de siempre.jbarrera4r@gmail.com
