El juego de palabras es en reconocimiento a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza Norma Lucía Piña Hernández, quienes ayer por mayoría calificada de ocho votos contra tres, invalidaron el decreto presidencial que transfería la operación y administración de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Por donde se le vea es una gran noticia para el país que la Corte esté convertida en un garante para hacer que se respete la Constitución y que haga valer la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, que dista mucho de la sumisión que el Poder Legislativo, con mayoría morenista, ha tenido con el Presidente. En ese sentido ni Andrés Manuel López Obrador, ni su bancada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pese a su discurso de no ser iguales que sus antecesores, no han actuado distinto a las aplanadoras priistas y panistas que también acataban la línea que les dictaba el Presidente emanado de su partido.Al igual que el día anterior cuando la Corte también sumo ocho votos para invalidar una norma que permitía que militares intervinieran llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un juez, ayer le corrigieron la plana al Presidente al echar para atrás las modificaciones a los artículos 29 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que violaba claramente el Artículo 21 Constitucional que señala que las instituciones encargadas de la Seguridad Pública en el País deben ser civiles y no de carácter militar.Además de este hecho de fondo y de gran calado, lo ocurrido ayer en el pleno de la Corte también tuvo consecuencias dentro y fuera del Poder Judicial. Por un lado dejó muy mal parado al ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar de Larrea, quien contrario a lo argumentado hace cuatro años, votó en contra del dictamen al justificar la adscripción de la GN a la Sedena. Lo mismo pasó con la ministra acusada de plagio, Yasmín Esquivel, y con Loretta Ortiz Ahif, que mostraron su incondicionalidad al Presidente en detrimento de su credibilidad. Situación que contrastó con la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pese a ser propuestos por López Obrador, mantuvieron su autonomía y su investidura de defensores de la Constitución por encima de simpatías políticas.Hacia afuera de la Corte, el fallo lanza una señal de aliento a una eventual coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales ya que fue la impugnación que hizo contra este decreto presidencial ante el Poder Judicial el grupo de contención en el Senado, integrado por PAN-PRI-PRD-MC e independientes, lo que evitó que la GN se quedara anticonstitucionalmente en la Sedena, como lo quería imponer el Presidente. jbarrera4r@gmail.com
