José de Jesús Covarrubias Dueñas, designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJEJ) en 2017, sustituyó a Luis Carlos Vega Pámanes, magistrado presidente cesado por ocultar sus antecedentes penales. Una simple coincidencia. Hoy Vega Pámanes vive en el exilio tras su destitución. Y Covarrubias Dueñas repite sus pasos por acusaciones de abuso sexual infantil: un video exhibe sus tocamientos a una menor de 15 años en una cocina. La Universidad de Guadalajara lo separó de su cargo como catedrático, sus compañeros lo suspendieron con una reducción de sueldo para investigarlo, los colectivos feministas exigieron justicia, los diputados pidieron su destitución y la Fiscalía lo tiene en la mira.Pero el camino aún es largo. Todo el aparato burocrático, judicial y universitario comenzó a moverse para garantizar justicia a la menor. Bastó un video para sacudir al sistema. Ninguna alerta o señalamiento público previo lo hizo. Cuando asumió el cargo como juzgador, colectivos feministas rechazaron la designación por señalamientos de acoso. Durante el movimiento #MeToo, surgió su nombre como profesor. El reclamo ahora de las feministas gira en torno a la presunta protección institucional e impunidad de que gozó. De los alcances de su poder, influencia y relaciones, habla su vasto currículum de cuatro décadas: fundador del IFE; académico y directivo en la Facultad de Derecho de la UdeG (asesor de más de 700 tesis), y una carrera judicial que transita de secretario técnico a magistrado electoral local y luego federal. De formación priista, pero ligado al Grupo Universidad. Según el Código Penal de Jalisco, comete el delito de abuso sexual infantil quien ejecute en un menor “un acto erótico-sexual, sin llegar a la cópula”. Se castiga con uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y 17 años. Sin prejuzgar al imputado, el caso debe seguir una ruta ejemplar por vía judicial, legislativa y universitaria. Sin embargo, el camino todavía luce largo y sinuoso. De entrada, la Fiscalía del Estado debe reunir pruebas para solicitar a los diputados un juicio de desafuero, pues la Corte les regresó la inmunidad a los magistrados tras una controversia constitucional. El Supremo Tribunal de Justicia presume una investigación, pero despierta suspicacias, pues carece de órgano de control interno imparcial que se encargaría de una sanción. La UdeG deberá revisar los alcances de la falta y sus antecedentes como catedrático para justificar cualquier castigo. En medio de estos procesos, hay mecanismos de defensa legal al alcance del imputado. La experiencia nos advierte que las dilaciones, reposiciones de proceso y suspensiones obstruyen con facilidad la impartición de justicia. En la era de las redes sociales, un video obtenido por un padre indignado despertó al aparato de justicia. Adoptó la forma de escándalo y excepción. Pero el camino para alcanzar la verdad en este caso, como en cualquier otro, pasa por encima del lucro de poder y la protección institucional.
