Como en las cosas de la política y el poder las coincidencias no existen, llamó mucho la atención que dos bombas informativas, como el anuncio de que la Fiscalía General de la República (FGR) va por el ex Presidente Enrique Peña Nieto, y que un juez federal haya concedido al capo Rafael Caro Quintero la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, estallaran ayer con apenas unas cuantas horas de diferencia. Desde luego el orden de aparición importa. Primero fue todo el efecto dominó que causó el fallo del poder judicial mexicano, vía este juez, que protege a Caro Quintero de ser enviado a Estados Unidos para que sea procesado por los tribunales de aquel país, pese a la versión casi generalizada de que su detención fue una petición del gobierno estadounidense al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita a su homólogo Joe Biden el pasado 12 de julio. Encuentro en el que incluso le habrían informado de investigaciones de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) que ubicaban al capo en la comunidad de San Simón, en el municipio de Choix, Sinaloa, donde fue detenido tres días después de la reunión en la Casa Blanca. Esta noticia encendió las redes sociales y se multiplicó exponencialmente con el trascendido de que Caro Quintero habría sido cambiado ayer mismo de una sección especial del penal de Almoloya de Juárez a otra con menos medidas de seguridad, y de donde en su momento escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se construyó así la narrativa de una posible fuga de Caro que desde luego ampliaría las desconfianzas y tensaría aún más la relación con Estados Unidos, de por sí ya en conflicto por los reclamos de que México incumplió acuerdos del T-MEC en materia energética y el discurso antiyanqui con el que viene respondiendo a diario AMLO.El caso Caro gravitó en el tema energético porque hubo lecturas de que las maniobras del Estado mexicano y del gobierno de la 4T para evitar el juicio de este capo en Estados Unidos sería para proteger a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, promotor de la política energética que disgustó a EU, y a quien la DEA involucra, junto con Caro Quintero, en el asesinato de su agente en México, Enrique Camarena Salazar, en 1985 en Guadalajara. Como son, dados a privilegiar el discurso y la comunicación para gobernar, los estrategas de la 4T seguramente vieron la urgencia de contrarrestar el tema que dominaba en la conversación digital y que no les favorecía, y como en otras ocasiones, echaron mano de la FGR, en teoría independiente, para que soltara el anuncio de que se perseguirá a Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.La coincidencia extrañó porque de las acusaciones electorales se supo desde hace tres años que se detuvo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y del resto al menos desde el 8 de julio pasado que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hizo esas denuncias ante la Fiscalía. Su difusión no fue sino hasta ayer que se hizo público que por ello habían abierto esas carpetas de investigación en contra del ex presidente mexicano, al que por cierto, López Obrador no ha tocado ni con el pétalo de una rosa en su púlpito mañanero desde donde embiste casi a diario contra propios y extraños, y con quien ahora parecen querer tapar los incalculables daños que para el país puede traer esta especie de T-MEC-Caro-gate.jbarrera4r@gmail.com
