La defensoría del pueblo se convirtió en un protectorado de la clase política. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió en promedio 20 quejas al día de ciudadanos por violaciones a sus derechos durante el primer semestre del año pasado. En el primer semestre de este año, con la nueva presidenta Luz del Carmen Godínez, se redujeron a nueve quejas diarias. En la reciente sesión del Consejo Ciudadano del organismo, la presidenta justificó que hubo un “cambio de indicadores”. La gestión anterior, aseguró, manejaba “cifras infladas” porque una queja colectiva la multiplicaban por el número de quejosos y ahora sólo contabilizan una. Pero no se trata de reducir los derechos humanos a un debate estadístico sobre registros administrativos -así como el Gobierno estatal “vence” a la delincuencia con gráficas de power point-. Por eso comparto tres factores reales que podrían influir en el bajo número de quejas. Uno. La gente dejó de confiar en la Comisión. ¿Para qué acudir a una institución lenta, burocrática e inoperante? Menos quejas en un estado imbuido en una crisis de derechos humanos -violencia, medio ambiente, desigualdad, etc.- sólo expresa la lejanía de la institución para con víctimas que mejor han hallado refugio en colectivos, los verdaderos defensores del pueblo. Dos. La deficiencia en los mecanismos de recepción de quejas. En mis redes (@jnlomeli) comparto la grabación telefónica de una ciudadana que el 2 de marzo de este año quiso interponer una queja vía telefónica como se ha hecho siempre. Buscó hacerlo por esa vía porque en una agencia del Ministerio Público se negaron a tomarle una denuncia por la sustracción ilegal de su hijo. Sin embargo, el encargado en el área de Quejas de la CEDHJ le dijo que no podía ayudarla: “Tenemos demasiado trabajo y nada más estoy yo”. Tres. Ya no se inician quejas ni investigaciones de oficio. Consistían en un monitoreo sobre todo a partir de reportes periodísticos, lo que permite una atención oportuna de casos y sirve como mecanismo de presión política a favor de las víctimas. La Comisión ha dejado de posicionarse ante coyunturas en donde hay violaciones flagrantes a los derechos humanos. Por poner un ejemplo, la anterior gestión se posicionó e inició investigaciones de oficio sobre casos como el ataque a la periodista Susana Carreño, la descompostura de las escaleras eléctricas de la Línea 3 y el atentado contra el defensor de derechos humanos Gustavo de la Torre.La base del trabajo de la CEDHJ son las quejas de los ciudadanos. De ahí derivan las recomendaciones que son el pulso y la documentación exhaustiva de omisiones y negligencias del poder. Esa plataforma ha sido desmantelada o soterrada en aras de importunar lo menos posible a la clase gobernante. En mi columna de ayer titulada “Un año sin Comisión de Derechos Humanos en Jalisco” hablé de la captura política de la CEDHJ por parte del emecismo. A 30 años de su creación, mantenemos con nuestros impuestos una agencia de colocación de 244 plazas y un botín de 166 millones de pesos (MDP) que la convierten en la tercera más cara del país, por debajo de Ciudad de México (457 MDP) y Estado de México (263 MDP). Es tiempo de replantear la misión, utilidad y pertinencia de las comisiones de Derechos Humanos en el país. En Jalisco hay que arrebatarle ese botín a los hombres en el poder. El modelo imaginado en el salinismo hace tres décadas está agotado. No sigamos tirando el dinero. jonathan.lomeli@informador.com.mx
