Más allá de la participación del Comité de Participación Social por primera vez en el proceso de selección para llenar las dos vacantes del Consejo de la Judicatura, prácticamente nada hemos escuchado del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en esta pandemia de coronavirus que, como comentamos la semana pasada, ha puesto en riesgo también los pocos avances que tenemos en materia de transparencia y rendición de cuentas, por la opacidad y discrecionalidad en las que se están dando los gastos extraordinarios de los gobiernos para hacer frente a la emergencia sanitaria decretada el 27 de marzo y donde se estipula que pueden realizar contratos públicos por adjudicación directa.Si ya de por sí, en tiempos sin contingencia, las compras sin concurso son, indebidamente, las que mas se estilan, muchas y muchos malos funcionarios están aprovechando la crisis sanitaria y las facultades que les da el decreto para hacer su agosto y sacar beneficios personales a base de corruptelas.Es pues preocupante que ni esta situación extraordinaria, ni las denuncias de compras a sobreprecio que ya se empiezan a presentar, despierten y saquen de su letargo al Sistema Estatal Anticorrupción.De sus nulos reflejos nos dimos cuenta en marzo pasado, cuando a inicios de las medidas de resguardo y de distanciamiento social parecían ya estar paralizados al dejar pasar sin chistar el festín de impunidad que se otorgaron diputadas y diputados. Mientras todos estábamos enfocados en las acciones para enfrentar y tratar de mitigar los contagios del COVID-19, en el Congreso local las y los legisladores del partido Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI ignoraron olímpicamente el trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ, que junto con la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, el Supremo Tribunal, el Instituto de Transparencia y la Contraloría General del Estado integran el SEA) y rechazaron fincar cargos a diez cuentas públicas por más de 67 millones de pesos que ya había ordenado la Auditoría.Pese a lo desaseado e irregular que fue este lavado de cuentas públicas, que recordó los peores tiempos de complicidad con la corrupción y la impunidad en el Congreso, y que se expresó con el voto en contra de la bancada de Morena, el SEA y sus integrantes se quedaron mudos. Nunca fueron capaces de alzar la voz para respaldar el trabajo de su colega el Auditor y hacer un extrañamiento al Congreso para que corrigiera y acatara los dictámenes de la ASEJ. Los graves señalamientos de compras a sobreprecio por parte del gobierno estatal por la pandemia del coronavirus, y la petición de que intervenga la Auditoría Superior de la Federación, deben hacer reaccionar al SEA y al menos ordenar auditorías especiales para prevenir o sancionar malos manejos. Sólo una respuesta así, además de sacudirse un poco la humillación del Congreso, podría darnos alguna señal de esperanza de que nuestro sistema anticorrupción no está mudo y aún vive.jbarrera4r@gmail.com
