Muy lejos estamos de aquel momento en que celebramos cómo el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se convirtió en una instancia incómoda a los poderes del Estado al cumplir su obligación de escrutarlos, interpelarlos y denunciar sus abusos e irregularidades. Recuerdo en particular el papel valiente e independiente que jugaron las y los integrantes del CPS para descalificar y repudiar aquel vergonzoso episodio ocurrido la madrugada del viernes 19 de junio de 2020, en plena pandemia, cuando mientras los jaliscienses dormían, las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y sus aliados del PAN atracaron el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco al imponer a tres de sus integrantes sin cumplir los requisitos de la convocatoria y capturar y corromper así la instancia que en teoría debe cuidar el buen comportamiento de los jueces.La clase política y gubernamental en el poder en Jalisco, intolerante a cualquier crítica y contrapeso, orquestó la operación venganza desde el Congreso y embistió con toda su furia ante el CPS, con una iniciativa para eliminarles el sueldo, propalando difamaciones y abriendo investigaciones judiciales en contra de sus integrantes, entre otras tropelías diseñadas desde sus sótanos y cañerías.Esta brutal campaña de golpeteo desde el poder logró su objetivo de intimidación y el CPS quedó tocado, inmovilizado por las presiones y sin alcanzar nunca más momentos de influencia y determinación como en el caso de la Judicatura. Esto sucedió porque el resto de las instancias del SEA se quedó, como diría el ya clásico, callado como momia. Nunca actuaron con espíritu de cuerpo. Ante las agresiones al CPS, nada dijeron en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en la Fiscalía Anticorrupción, en el Poder Judicial, en el Tribunal Administrativo, ni en el Instituto de Transparencia (Itei) ni en la Contraloría del Estado.Ante esa vulnerabilidad, vino luego la infiltración oficial al Comité de Selección y de ahí al CPS. Desde los tres poderes del Estado, dominados por el Ejecutivo, se encargaron de conjurar cualquier nuevo sobresalto que pusiera en riesgo su manto de impunidad, colocando ex funcionarios suyos en sustitución de los perfiles ciudadanos sin vinculación partidista, como acaba de ocurrir en la imposición del nuevo integrante del CPS, fruto de un proceso desaseado y urdido en lo oscurito.Cooptadas por el Gobierno naranja y sus partidos políticos aliados, estas dos esferas que se pensaron serían los espacios ciudadanos que significarían una esperanza de que por fin funcionara este nuevo modelo, el SEA está herido de muerte. Será necesario volver a empezar desde las organizaciones civiles para colocar de nuevo entre las prioridades de la agenda pública la lucha anticorrupción, que las redes de intereses inconfesables del poder volvieron a atrapar.
