De los varios decretos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó como sus primeras acciones de Gobierno, uno de ellos es el que restablece la pena de muerte a nivel federal, reabriendo un debate ético, jurídico e histórico en torno a una de las prácticas más antiguas y controvertidas de la humanidad. Más allá de ser una más de sus políticas radicales que reflejan al líder que muchos estadounidenses consideran necesario, esta decisión nos invita a reflexionar sobre el origen, las implicaciones y los dilemas que la pena capital representa en un mundo moderno.Desde las civilizaciones más antiguas, como Mesopotamia y el Imperio Romano, hasta su actual vigencia en 55 países, la pena de muerte ha sido empleada como la pena máxima, destinada a castigar los crímenes considerados más atroces. Sin embargo, en algunas sociedades también se impone por delitos como el adulterio, la blasfemia o las relaciones homosexuales, lo que ha suscitado fuertes críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, que argumentan que la pena de muerte es desproporcionada y transgrede derechos fundamentales. La tendencia global impulsada por la evolución en el reconocimiento de los derechos humanos y el concepto de justicia se orienta cada vez más hacia la abolición de la pena capital.La pena de muerte tiene sus raíces en códigos muy antiguos, como el de Hammurabi (1754 A. C.) donde se establecía “ojo por ojo, diente por diente”. Este principio retributivo buscaba una justicia proporcional, pero, con el tiempo, se convirtió también en un medio de control social y político.En Europa medieval, la pena de muerte era común para crímenes como la herejía, la traición y el asesinato. Sin embargo, en el Siglo de las Luces, pensadores como Cesare Beccaria comenzaron a cuestionar su efectividad y moralidad. En su obra “De los delitos y las penas” (1764), Beccaria argumentaba que la pena de muerte era innecesaria y que el verdadero objetivo del castigo debía ser la rehabilitación del infractor.En Estados Unidos, la pena de muerte fue parte del sistema desde su fundación, pero su uso varió ampliamente. En 1972, la Suprema Corte suspendió su aplicación en el caso Furman v. Georgia argumentando que era aplicada de forma arbitraria y discriminatoria. Fue reinstaurada en 1976 bajo estrictas regulaciones, pero ha sido abolida en Estados como Nueva York y Nuevo México, mientras que en otros como Texas la aplican con frecuencia.En México, la pena de muerte fue abolida oficialmente en 2005 con la reforma al artículo 22 de la Constitución, aunque la última ejecución de un civil fue en 1937 y de un militar en 1961, cuando José Isaías Constante Laureano fue fusilado en Saltillo por insubordinación y asesinato de superiores.La prohibición respondió principalmente a compromisos internacionales, pero también estuvo influenciada por un creciente reconocimiento de los derechos humanos y por la posibilidad de errores judiciales, que pueden llevar a la ejecución de inocentes.Hay quienes argumentan que la pena capital tiene un efecto disuasorio sobre los delitos graves, como el asesinato y el terrorismo. Según esta perspectiva, el temor a enfrentar la muerte podría disuadir a potenciales delincuentes de cometer actos violentos o atroces.Por otro lado, críticos señalan que no hay evidencia concluyente de que la pena de muerte reduzca los índices de criminalidad más que otras formas de castigo, como la cadena perpetua, aunque sí hay evidencia de que ésta es más costosa para el Estado. También existen preocupaciones sobre la discriminación racial y socioeconómica en su aplicación.La reinstauración de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos nos enfrenta a un dilema ético y práctico que trasciende fronteras. ¿Es la pena capital un castigo justo o un vestigio de tiempos más bárbaros? ¿puede una sociedad moderna justificar la privación de la vida como respuesta a la violencia extrema?La discusión no es sencilla y exige un análisis profundo que sus implicaciones sociales, políticas y humanas. Más allá de las opiniones personales, este debate nos recuerda que el concepto de justicia sigue siendo una construcción dinámica, moldeada por nuestra historia y nuestros valores.
