El debate nacional se ha centrado en dos posiciones aparentemente incompatibles, por una parte tenemos una postura que afirma que la legitimidad de las autoridades obedece a que las mismas sean el resultado de la participación directa del pueblo en proceso legislativo, en contraposición encontramos una postura que afirma que el poder debe de estar dividido es tres, que se controlen recíprocamente para evitar la concentración del poder en una sola persona pues ello podría llevar a la tiranía.Dichas tesis que ahora se pretenden debatir en México, en realidad son posturas políticas que se dieron durante la ilustración e inicios de la revolución francesa, que marcarían el camino que siguieron la inmensa mayoría de los países al abandonaban la monarquía absoluta como forma de Gobierno.Desde entonces existieron posturas discordantes sobre el origen, naturaleza y organización del poder político en relación a la sociedad, la primera tesis la sostuvo Jean-Jacques Rousseau en El contrato social y la segunda Charles-Louis de Secondat barón de Montesquieu en El espíritu de las leyes (tomando como referencia las ideas de John Locke); ambos publicados a mediados del siglo XVIII.Es decir, no nos encontramos ante una dicotomía novedosa y contrario a lo que pretenden hacer ver nuestros políticos no están inventando el hilo negro, únicamente están manipulando teorías políticas utilizadas alrededor del mundo por los últimos tres siglos con la única intención de acaparar el poder (cada uno en la media de sus posibilidades).Como lo han señalado todas las autoridades e instituciones del mundo que se han pronunciado al respecto, la reforma planteada por López Obrador carece del rigor científico más elemental, pues no únicamente atenta contra la naturaleza que se debe de esperar de un juez, sino que pone en entre dicho el tan insipiente Estado de derecho que durante décadas se ha construido en nuestro país; cuestión que ha generado todo tipo de reacciones, desde la preocupación manifestada por nuestro mayor socio comercial (y la consecuente depreciación del peso), hasta marchas a lo largo y ancho del territorio nacional que en su mayoría han sido encabezadas por los trabajadores del Poder Judicial y comunidades universitarias que se oponen a la citada reforma.En realidad, lo que pretende el aún Presidente es sacar de contexto las ideas de Rousseau con una propuesta tiránica disfrazada de democrática, pus si bien afirma que el punto medular es acabar con la corrupción y eso se logrará mediante la elección directa de los jueces por el pueblo bueno (con lo que tendrían legitimación), omite señalar que el pueblo los habrá de “elegir” de una lista hecha por quien tenga el poder, es decir, por Morena.Dicha reforma no expone en realidad como abonará la elección por voto directo de los jueces a terminar con la corrupción, ni la legitimación con la que llegaran cuando el pueblo los habrá de elegir entre sus cuates (por no decir lacayos) y por parte de la oposición tampoco cantan mal las rancheras, pues se oponen tajantemente a la reforma sin proponer nada realmente, solo se oponen.Así, ante la tristeza de políticos que tenemos y previo a enfrascarnos en un debate sobre los puntos que nos separan, resultaría más sano y constructivo entender que todos los mexicanos queremos lo mismo: mejorar la impartición de justicia, terminar con la corrupción, tener mejores jueces, acabar con la impunidad y un larguísimo etcétera, es decir, un verdadero Estado de derecho.Una vez entendida la meta común nos daremos cuenta que aquello que nos separa es por lo general el medio que consideramos adecuado para acercarnos a la meta, sin embargo, en la media en la que tengamos clara la meta y no la perdamos de vista, será más sencillo definir si cierta acción nos acerca o nos aleja de la meta en común, el Estado de derecho.Preguntémonos en lo personal si la propuesta de reforma nos acerca o nos aleja del Estado de derecho.
