Es un hecho irrefutable que sin la resistencia continua y las variadas formas de lucha de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el megaproyecto hidráulico de la Presa El Zapotillo, ya se hubiera construido y las aguas de la cuenca alteña del Río Verde ya se estarían enviando a León, a través de un acueducto en manos privadas.Este es el primer punto que conviene recordar ahora que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el próximo titular del Gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se pronunciaron sobre El Zapotillo.Como se sabe, el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo y el acueducto a León fue impuesto por el Gobierno federal con la aprobación de los gobiernos de Guanajuato y Jalisco en 2005, sin el consentimiento de los pueblos.Desde entonces, los pobladores de Temaca, Acasico, Palmarejo y de otros municipios alteños han visto pasar varias presidencias y gobiernos estatales.Ahora que están a punto de iniciar sus gobiernos López Obrador y Alfaro Ramírez, no pueden, por decreto y sin tomar el punto de vista de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y el resto de los afectados de Los Altos, decidir que la presa se tiene que terminar.Y menos por factores estrictamente financieros, como alegó López Obrador el pasado lunes en Salamanca cuando declaró que “vamos a resolver el problema de la Presa El Zapotillo para que haya agua a León” porque, añadió, “se ha invertido muchísimo dinero en esa obra inconclusa. Sería fácil para mí decir ‘ahí que se quede, total yo no hice el compromiso’. Si actuara de esa manera sería muy irresponsable porque ahí hay inversión, dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Ninguna obra inconclusa va a quedar en el abandono”, dijo arrancando aplausos de los guanajuatenses.Sería muy grave que este fuera el criterio principal de López Obrador para decidir megaproyectos que están pendientes de terminar, por ejemplo el Proyecto Integral Morelos o el acueducto Monterrey VI, por la resistencia de los pueblos y comunidades, como en Jalisco con El Zapotillo.Una política de respeto a los pueblos y comunidades encaminada a terminar el despojo de tierras y recursos nacionales debiera considerar no sólo dejar de terminar obras sino incluso deshacerlas, como El Zapotillo, por más dinero público que se haya invertido.Esas inversiones públicas que prometen progreso y desarrollo para encubrir que son grandes negocios privados, a la larga acarrean más consecuencias negativas para las comunidades y pueblos y para toda la nación por una política que privilegia la acumulación de capital por despojo, antes que preservar territorios y recursos y las formas de reproducción de la vida de las comunidades.Si bien López Obrador ofreció no inundar a los pueblos con El Zapotillo, su decisión de continuar la obra sí lo pone en riesgo.De preferir continuar con la presa y el acueducto, es decir las mismas políticas de gestión del agua, en contra de los pueblos, la Cuarta transformación de la República que promete López Obrador corre el riesgo de inundarse, no en la presa, sino en la resistencia de Temaca y de todos los pueblos afectados por los megaproyectos y los despojos.
