Por más que un gobernante trate de cuidar su imagen, diseñar su personalidad y construir una narrativa sobre cómo quiere proyectarse, son las acciones concretas las que terminan definiendo a un personaje. Enrique Alfaro Ramírez se imaginó a sí mismo, y compró marketing para que le diseñaran una imagen de político fuera del sistema, distinto y que se proponía refundar la vida pública de Jalisco, es decir, poner en marcha una política radicalmente distinta a la de la partidocracia tradicional que sumió al Estado en una crisis social, política y en la corrupción.Pero episodios como el “Halconazo tapatío” del 5 de junio de 2020 y el desalojo sorpresivo y violento de la madrugada del 19 de agosto a los manifestantes que mantenían un plantón en el terreno destinado a parque público, y que se quiere destinar a negocio inmobiliario, han terminado de pintar al personaje que gobierna Jalisco: un político irritable, intolerante a la crítica, regañón con los gobernados, pero que se pone de tapete para grandes negocios inmobiliarios, turísticos o industriales. Un gobernante que abusa de la fuerza pública con los manifestantes, pero que no es capaz de enfrentar con esa misma virilidad y con la misma fuerza, a las redes que desaparecen jovencitas para trata de blancas, que no es capaz de desarticular a las bandas que privan de la libertad a familias enteras y que luego aparecen en las fosas clandestinas que se cavan por toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, especialmente en los barrios más pobres de la urbe. Ahora que están peleados nuevamente el grupo político que controla el Gobierno del Estado y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara (UdeG), con Raúl Padilla López a la cabeza, conviene recordar que antes de que militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se involucraran en esta legítima lucha urbana en defensa de su espacio público, vecinos de la zona como don Arturo Mendoza denunciaban las irregularidades y se oponían a todos los megaproyectos que gobernantes y empresarios privados diseñaron para reorganizar todo ese distrito que estaba destinado a un parque público y que tenía centros de enseñanza y entretenimiento tan importantes para toda la metrópoli, como el Planetario.Pero lo que para un vecino de la zona podía ser un gran parque para su disfrute, y con el que seguramente mejorarían su entorno y calidad de vida, los desarrolladores inmobiliarios lo ven como tierra en “manos muertas” que con sus inversiones pueden valorizar. Y en alianza con gobernantes que en lugar de gobernar para todos se ponen de tapetes para que salgan adelante esos negocios, se diseñó para el distrito de Huentitán la privatización de cientos de miles de metros cuadrados de tierra para destinarlos al negocio del espectáculo (Fiestas de Octubre), del juego (palenque de Gallos) y de negocios inmobiliarios y turísticos (Iconia).Ya en varios espacios se ha explicado detalladamente cómo el traspaso de los terrenos expropiados en 1980 para destinarlos a un parque público y su concesión a empresas inmobiliarias para erigir, primero Puerta Guadalajara y hoy proyecto Iconia, es ilegal y sólo las complicidades de las autoridades con los desarrolladores han hecho que se mantenga.Por eso era importante la toma de esos terrenos que llevaron a cabo los vecinos y estudiantes desde marzo de este año. Pero un negocio de miles de millones de pesos difícilmente iba a ceder tan fácilmente. En junio de 2008, el empresario José María Andrés Villalobos, representante legal de quienes se ostentaban como propietarios de las tierras de la playa de Tenacatita, le declaró a nuestro colega de La Jornada, José Carlos G. Partida que incluso “a chingadazos, pero tarde o temprano habrá desalojo en Tenacatita”. Sabía que tenía a los jueces y a la fuerza pública de su lado. Y en efecto, otro gobernador tapete de los intereses privados, Emilio González Márquez, autorizó enviar hasta 600 policías estatales para desalojar la playa donde los pobladores habían llegado medio siglo atrás [https://bit.ly/3j687uG]. Algo semejante deben haber pensado los dueños del negocio inmobiliario que se quiere hacer en terrenos destinados para un parque público: “a chingadazos, pero habrá desalojo”. Y gracias a otro gobernador que se pone de tapete para los negocios inmobiliarios, hubo desalojo. Lamentable para la ciudad, porque se exhibe de nuevo que quienes deciden cómo y hacia donde se construye, son las empresas inmobiliarias y no el gobierno, y menos la sociedad. Lamento a quienes creyeron de buena fe que votaron por un gobernante diferente y por un proyecto que supuestamente iba a refundar la política en Jalisco. Terminó en triste gestor de los intereses inmobiliarios y del capital privado. rubenmartinmartin@gmail.com
