Marcos ha sido testigo de la violencia homicida y las desapariciones en Jalisco desde un lugar muy distinto al de todos: un laboratorio y la escena de cientos de crímenes. Hablar con él permite asomarnos, aunque sea un poco, a lo que ocurre en ese edificio de Batalla de Zacatecas 2395, en Tlaquepaque, a donde acuden cada día decenas de familias a buscar a sus desaparecidos y sus muertos. Escuché con cuidado a Marcos Raygoza. Pocas veces tienes oportunidad de hablar con un perito en antropología forense. Pero no cualquier perito. Sino con el fundador de la especialidad en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hace 23 años. La conversación fue posible porque Marcos ahora puede hablar con libertad, sin riesgo de perder su trabajo: se jubiló el pasado primero de noviembre. Hablamos una hora en el programa Perspectivas, en Canal 44. Marcos expresó duras críticas al IJCF, pero sin rencor. Habló más desde la compasión y la consternación: “Necesitamos ayuda”, me dijo, “No nos damos abasto”. Marcos refutó la versión oficial que niega una crisis forense. Puso un ejemplo. En la atención de emergencias, cuando un fenómeno, digamos, el huracán “Otis” en Acapulco, rebasa la capacidad de respuesta de la autoridad, se cataloga como un desastre. En este sexenio se han exhumado mil 725 cadáveres de cuerpos en fosas clandestinas, muchos fragmentados. Además, el Registro de Personas Fallecidas sin Identificar del IJCF consigna 4 mil 430 cadáveres desde 2018 a la fecha. El CEPAD, sin embargo, ha señalado que hay más de nueve mil cuerpos sin identidad acumulados desde 2006. Finalmente en Jalisco, en este sexenio, asesinan a seis personas en promedio al día y desaparecen a cinco, según datos del Secretariado Ejecutivo. Todo este trabajo, me contó Marcos, lo encaran sólo siete antropólogos forenses. Tres menos de los diez que reportó el Inegi en el apartado de servicios periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia 2023. “Yo creo que aquí estamos ante un desastre. No es una crisis forense. Es un desastre porque sobrepasó ya nuestra capacidad de respuesta. Tenemos que atender esto”, me contó. Marcos hizo una reflexión. El análisis de un cuerpo demora una semana en promedio. En Jalisco hay más de 14 mil desaparecidos. Si mañana hubiera que analizar ese número de cadáveres, cada uno de los siete antropólogos forenses en el IJCF tardaría cuarenta años. “Tenemos un Instituto no estresado, al borde de la locura porque trabajamos a ritmos que yo podría decir inhumanos”, me relató. Marcos cobraba 18 mil pesos mensuales: “Eso es el perito A pero hay peritos B que ganan todavía menos”. La saturación, el estrés laboral y la pobreza salarial generan otro riesgo. Marcos reconoció que rechazó “dádivas” por acelerar peritajes. Un sistema colapsado es caldo de cultivo para la corrupción. Familias de personas desaparecidas han denunciado cobros ilegales y extorsión en peritajes. Revictimización y negligencia del Estado. El peor escenario. Pregunté a Marcos la relevancia de un perito en antropología forense en la crisis de desaparecidos: “Somos la última oportunidad de que se haga justicia”, me contestó. Tiene razón, pero en condiciones de trabajo normales, no bajo el actual escenario de desastre que ni siquiera reconoce la actual administración.
