Una jueza me confesó una vez la diferencia entre un asunto de tipo penal y la disputa de una pensión alimenticia en un juzgado familiar. El primero llega a una sentencia condenatoria o absolutoria tarde o temprano mientras que el segundo nunca termina. Duran años o toda la vida. El Registro Civil del Estado me informó por transparencia que tiene registrados sólo a 97 deudores alimentarios en Jalisco. La cifra es irrisoria. Según la activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina que establece sanciones más severas para los morosos, en la Entidad hay 250 mil padres que incumplen con el pago de la pensión alimenticia. Los nombres de los deudores no son públicos, a diferencia de la CDMX. El Registro Civil me proporcionó el adeudo de sólo 17 incumplidos que a la fecha deben cinco millones 954 mil pesos de pensión alimenticia a sus parejas. El monto más alto es de 804 mil pesos. Le sigue otro por 707 mil 592 pesos y un tercero que ha dejado de pagar 688 mil 100 pesos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos se creó en 2019 tras una reforma al Código Civil de Jalisco. La condición para ser inscrito es el incumplimiento de pago por más de 90 días. La realidad es que nunca ha funcionado. Esta omisión de los varones se traduce en un tipo de violencia económica, psicológica y patrimonial, pues entre más poder adquisitivo del deudor, menos probable es que pague gracias al sistema de corrupción y tráfico de influencias que prevalece en el Poder Judicial de Jalisco. Las artimañas para evadir el pago de la pensión alimenticia son innumerables: se bajan el sueldo, falsean sus ingresos, alteran cuentas de sus negocios. El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios realiza a menudo tendederos de denuncia en espacios públicos del país. Colocan el nombre, fotografía y número de expediente. El último en Guadalajara se realizó el 21 de junio en Ciudad Judicial con motivo del Día del Padre. Participaron un centenar de madres que exigieron el pago de la pensión alimenticia de sus ex parejas y denunciaron corrupción en los juzgados para beneficiar a los deudores. En mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por el Senado, la llamada Ley Sabina, que obliga a crear un padrón público de deudores. A los morosos se les restringirá la emisión de permisos de conducir, pasaporte y la compraventa de inmuebles ante notario. También se les impedirá presentarse a cargos de elección popular y postularse para jueces o magistrados. Las entidades tienen hasta octubre para armonizar las leyes locales. Se trata de un golpe brutal para el negocio corrupto de funcionarios y litigantes mañosos dueños de un sistema que garantiza impunidad a padres negligentes con juicios eternos. Pronto sabremos quiénes son esos deudores alimentarios. Entre ellos hay funcionarios, políticos y hombres de poder ocultos en un padrón anónimo. Por fortuna, eso acabará. jonathan.lomeli@informador.com.mx
