Ya nada es igual. El permanente sentido de alerta ahora está en cada rincón. La cohesión ciudadana, dispersa hasta hace un año, ahora es un sistema minuciosamente tejido en una red solidaria que no se había visto hasta que la población salió a las calles el 4 de junio de 2020 para pedir justicia para Giovanni López, el joven cuya detención forzada en Ixtlahuacán de los Membrillos, el 4 de mayo de ese año, que derivó en homicidio, generó un estado de inconformidad que marcó un antes y un después en la conducta social. Las semanas a puerta cerrada por disposición oficial en Jalisco como freno al contagio del COVID 19 quedaron bajo las pancartas de protesta.Está por cumplirse un año de que el caso abriera los ojos a la sociedad, de que las manifestaciones del 4 y 5 de junio dejaran en claro a las instituciones de gobierno y de seguridad que la sociedad ha cambiado; sin embargo, el concepto superior sigue sin transparentarse: la reparación integral del daño, la indemnización para los deudos y garantizar la no repetición. Tantos disturbios y lesiones, tantas detenciones forzadas y el caso sigue sin tener #JusticiaParaGiovanni.Y es que no sólo se trata de que a la vuelta de los meses se hayan procesado por tortura y homicidio a tres elementos en Ixtlahuacán o que se hayan judicializado elementos de una Fiscalía “infiltrada” por las detenciones forzadas en las manifestaciones, se requiere un plan de acción para tener en claro qué garantías tiene la sociedad frente a los atropellos que sufre, que suceden a diario y que no a diario generan una movilización ciudadana.Las violaciones a los derechos humanos siguen a la orden del día, muchas de ellas permanecen en el anonimato, ya que la clave en casos específicos como el de Giovanni López, en nuestro Estado, o el de Victoria, en Quintana Roo en marzo pasado, donde el abuso de autoridad durante una detención culminó en homicidio, es el registro gráfico de los hechos que obliga a tomar acciones inmediatas, pero hay carpetas archivadas sin un soporte gráfico que presumen de impunidad.Los números, siempre fríos, nos ponen los pies en la tierra. Vivimos en un Estado que se ubica en los primeros sitios nacionales en la lista de desapariciones, con más de 12 mil 500 casos por esclarecer, así como feminicidios y violencia de género, pero que también tiene un tejido social que a través de los colectivxs y de las organizaciones no gubernamentales ha sabido colocar el reflector sobre los problemas para generar acciones ejemplares, que sabe cómo llevar las agendas ciudadanas a las agendas políticas.Estamos a la vuelta de unas elecciones intermedias, quizá el primer desafío luego de este año de reflexión y consciencia en el que muchos han ganado y otros tantos han perdido: ya sea oportunidades, trabajos, familiares, salud o esperanza, pero que tienen claro que se requieren cambios; que ya no quieren ser ciudadanos de segunda en ciudades de primera; que merecen representantes que trabajen de comisiones hacia adentro; que determinarán con el voto de confianza o de castigo las acciones a través de los Consejos Ciudadanos; que necesitan autoridades que garanticen su seguridad. La sociedad cambió, está organizada y ya nada es igual.
