Por ser el paso previo para lograr las reformas constitucionales del llamado “Plan C” con el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere despedir dejando una institución presidencial sin los contrapesos que construimos como sociedad en casi dos décadas antes de la llegada del gobierno de la 4T, el reparto de las 200 diputaciones plurinominales antes del 23 de agosto para la integración de la próxima Legislatura Federal será el tema que domine las siguientes tres semanas.En el centro de la discusión se seguirá posicionando el asunto de la llamada sobrerrepresentación que apareció con la “cláusula de gobernabilidad” desde la era pre democrática del País, cuando el PRI y sus gobiernos controlaban las elecciones, y que por así convenir a sus intereses partidistas y de poder, también mantuvo el PAN luego de la alternancia política en el año 2000. Es en esa inercia nociva que obstaculiza el avance democrático del país, en la que ahora Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde, quieren hacer valer la tendencia a la sobrerrepresentación que esa cláusula le imprime a la Constitución Política del País.Por donde se le vea, es un retroceso democrático y altera la voluntad popular expresada en las urnas el hecho de que Morena y sus aliados hayan obtenido un 54 por ciento de la votación para la Cámara de Diputados y terminen con el 75 por ciento de las diputaciones. Mientras que la oposición compuesta por el PAN, PRI, el extinto PRD y Movimiento Ciudadano, de haber obtenido en conjunto el 46 por ciento de la votación, se queden sólo con el 25 por ciento de las curules. Pero lo cierto es que la interpretación “gramatical” de la Constitución y de la Ley General de Partidos Políticos, que en su artículo 54 permite las coaliciones parciales y las coaliciones totales pudiera imponerse, y aplicarse lo que podríamos denominar desde hoy el “triple 8”, porque el convenio de coalición entre Morena-PT-Verde se firmó como parcial y eso les permitiría sumar un 8 por ciento de sobrerrepresentación a cada uno de esos tres partidos.Morena y aliados, pues, están firmes en que si en otros tiempos padecieron como opositores la sobrerrepresentación ahora la aplicarán sin miramientos en su beneficio. Por eso es muy poco probable que acompañen la interpretación integral del texto constitucional que busca los equilibrios, no dar todo el poder a un solo partido y garantizar la voz y el voto de los opositores.Y aunque indeseable, es muy probable que la influencia de la 4T tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), gravite para que consejeros y magistrados electorales también se inclinen por la interpretación gramatical de la Constitución que abrirá el camino al “Plan C” y todo lo que ello implica en la pérdida de límites al poder presidencial.
