Pese a los llamados de las cúpulas empresariales para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no permitiera la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados en la próxima Legislatura federal, y evitar así las reformas constitucionales que se proponen en el “Plan C” del Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en comisiones del órgano electoral se impuso la interpretación gramatical de la Constitución, como en las dos anteriores elecciones, y se perfila un dictamen que le da esta condición a la coalición que encabeza el partido oficialista, al asignarles 108 diputados pluris, que se sumarían a las 256 diputaciones de mayoría que ganaron, para tener 364 curules en la Cámara baja, y 83 en la Cámara de Senadores, con lo que sólo le faltarían dos votos para alcanzar también la mayoría calificada en la Cámara alta, y tener carta abierta para hacer las modificaciones que quieran a la Carta Magna.Como lo planteé aquí hace tres semanas, Morena y sus aliados estaban firmes en que, si en otros tiempos padecieron como opositores la sobrerrepresentación, ahora la aplicarían sin miramientos en su beneficio, e ignorarían la interpretación integral del texto constitucional que busca los equilibrios, no dar todo el poder a un solo partido y garantizar la voz y el voto de los opositores.Por eso reitero que, aunque indeseable, es muy probable que la influencia de la 4T tanto en el INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante el cual impugnará la oposición, terminen inclinándose también por la interpretación gramatical de la Constitución que abrirá el camino al “Plan C” y todo lo que ello implica en la pérdida de límites al poder presidencial.Ante este escenario, adquiere enorme relevancia el paro nacional de labores que iniciaron trabajadores del Poder Judicial Federal y al que se unieron hoy jueces y magistrados de tribunales federales, que están en contra de la reforma al Poder Judicial y su elección por voto popular. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que desde su llegada en enero de 2023 ha sido cuestionada por AMLO por detener varias de las reformas que impulsaba por considerarlas inconstitucionales, apoyó el paro de los trabajadores, jueces y magistrados. Aunque el Poder Judicial Federal, y más aún los poderes judiciales de los Estados, son en general indefendibles y con altos niveles de corrupción, lo cierto es que los términos en que quedó el dictamen de la reforma que se sometería a votación en los primeros días de septiembre cuando Morena y aliados tengan la mayoría calificada, representan un enorme riesgo de que el Poder Judicial quede sometido al Poder Ejecutivo.La aplanadora guinda de la próxima Legislatura federal quiere darle la cabeza de la Corte a AMLO como agradecimiento al abrumador triunfo electoral del 2 de junio, y que interpretan como un mandato popular para hacerlo. Habrá que ver si la resistencia de un Poder Judicial Federal altamente desprestigiado logra impedirlo.jbarrera4r@gmail.com
