Pocas cosas gustan tanto al gobernador Alfaro como decir que él tiene palabra, que no es como otros. En realidad, lo que necesita es autoafirmarse, compararse, como si la duda sobre su honestidad estuviera siempre presente. Él dice que no es corrupto, como otros. Hemos de suponer que tiene razón, hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿Por qué entonces tanto encono, tanta enjundia contra el Sistema Anticorrupción del Estado? La reforma que aprobó la nefasta LXII Legislatura a iniciativa del gobernador -en la que da a los diputados facultades para despedir a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema (CPS)- es un retroceso enorme en un sistema que, con todos sus defectos, caminaba. La primera hipótesis es que el gobernador detesta todo lo que no controla; su vena autoritaria brinca a la menor provocación. En su lógica el poder es sometimiento y no concibe otra forma de relación ni con los colaboradores, ni con los medios, ni con las instituciones, ni con otros políticos. Para ese estilo de ejercicio del poder, cualquier cosa que pueda ser o parecer contrapeso le es incómoda y el Sistema Anticorrupción entró en esa esfera cuando entró en el tema de las designaciones públicas.Las designaciones son la expresión máxima de poder y el origen de la cadena de corrupción. Si algo no soportó el gobernador fue que el CPS cuestionara los procesos de selección de magistrados y consejeros de la Judicatura, que en teoría son facultad del Poder Legislativo, pero al que el gobernador no concibe como otro poder sino como una extensión del suyo. Más allá de las personas, sean buenas o malas, la forma en que fueron nombradas es en sí mismo un acto de corrupción, el inicio de la perversa cadena de favores, de cuotas y cuates. Pero más que el gesto autoritario del gobernador, sorprende la docilidad con la que la sociedad civil, particularmente los organismos empresariales, aceptaron la contrarreforma al Sistema Anticorrupción. Los mismos que hace unos años empujaban con enjundia que el gobierno tuviera un contrapeso en un comité ciudadano nombrado por ciudadanos aceptaron sin chistar una reforma que va en contra de lo que hace apenas unos años pregonaban.Los procesos políticos, particularmente cuando tratan de acotar al poder público, como es el caso de los sistemas anticorrupción, no son lineales. Siempre hay avances y retrocesos, batallas ganadas y perdidas. Jalisco, como muchos otros estados y el país mismo, está en retroceso. No es momento de bajar la guardia sino de subir la vara, de acotar el sistema de cuotas y cuates a través de una Ley de Designaciones Públicas que evite que cada gobernador deje tras de sí una cauda de complicidades.diego.petersen@informador.com.mx
