Uno de los principales objetivos de las instituciones es generar confianza en la ciudadanía. En ese ámbito se inscribe, la enorme responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación al garantizar el buen uso de los recursos públicos, de manera oportuna, precisa y transparente.La labor auditora necesita que el marco normativo, en las circunstancias actuales, es que se ajuste a las necesidades ciudadanas, ampliar los límites que requieren ser extendidos o precisados, así como establecer reglas vinculadas a la realidad e introduzca parámetros de legalidad en los ámbitos de competencias que tienen las instituciones fiscalizadoras ante los nuevos tiempos.Hoy, si bien es posible percibir avances significativos en los resultados que hemos venido presentando, en las diferentes propuestas de mejora y fortalecimiento institucional, por ejemplo, en los asuntos presentados por la ASF ante los órganos de impartición de justicia, también es preciso identificar los desafíos que se avecinan para la fiscalización superior no solo en nuestro país, sino en un mundo en constante transformación, lo mismo sucede por ejemplo en el ámbito de OLACEFS.Lo anterior nos permite visualizar los aspectos a mejorar la normatividad de nuestras funciones y detectar potenciales restricciones normativas, como es la de no tener posibilidades aun de auditar en tiempo real o concurrentes, solo podemos hacer auditorías sobre ejercicios pasados, y a pesar de que hemos encontrado la figura de auditorías adelantadas estas no son vinculantes, pero nos ayudan a tener información adelantada para la cuenta pública siguiente. Es el caso del marco jurídico constitucional que actualmente no posibilita llevar a cabo auditorías en tiempo real de manera extensiva.La semana pasada comenté en este mismo espacio, que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Dictamen para considerar en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a la herramienta tecnológica del Buzón Digital ASF, mismo Dictamen que fue aprobado también por unanimidad por el pleno de la Cámara de Diputados, incluso se planteó por los presidentes de algunas comisiones que seguía el tiempo real.Por otra parte, ya comenté el tema de los resultados en la Suprema Corte de Justicia para auditar el INFONAVIT, donde se resolvió dar la razón a la ASF en el ejercicio de sus facultades para auditar a esa entidad.Siempre perfectible y en permanente construcción, la Fiscalización Superior no ha agotado el campo de las posibilidades para su actuar y en nuevas perspectivas para su fortalecimiento normativo ante las circunstancias siempre cambiantes de nuestras sociedades.Ahí está, justamente, una de las decisiones más importantes e impostergables para la fiscalización superior en México: la prioridad de una reforma constitucional para auditar en tiempo real, lo cual es cada vez más apremiante. Con ello se permitiría que la Auditoría Superior de la Federación pueda realizar la revisión del ejercicio de los recursos públicos en el momento en que se están ejerciendo y no después cuando los presuntos hechos de corrupción se hayan consumado, sin necesidad de que para ello medie una denuncia en términos de lo hoy dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.Si bien, al no contar actualmente con facultades para auditar en tiempo real la ASF implementó una estrategia para que a través de convenios se implementaran mecanismos de auditoría adelantada. Pero sus alcances son limitados pues solo permiten anticipar los requerimientos de información, que se ejercerán para fiscalizar en todos sus términos el ejercicio de recursos públicos correspondientes a la Cuenta Pública de que se trate. Si adelantamos la información, incluso por ejemplo del sector salud, pero es donde la sociedad requiere respuestas más oportunas. brunodavidpau@yahoo.com.mx
