Gracias a la tenaz lucha de los pueblos que desde hace décadas se han organizado para denunciar la grave contaminación de las comunidades aledañas al corredor industrial de El Salto, en estos días parece abrir una oportunidad de emprender, por fin, un radical programa de saneamiento y remediación del Río Santiago, y de atención sanitaria a la población que ha enfermado por vivir ese “infierno ambiental”.En apenas dos semanas se conjuntaron la divulgación del estudio de 2011 que confirmó el envenenamiento de niños y la población en general, sólo por vivir cerca del río; la demanda de los pueblos de Juanacatlán, El Salto, Puente Grande, Totolotlán y La Cofradía para que se castigue a los funcionarios que ocultaron esta información; el anuncio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de revisar la macrorrecomendación de 2009; la “macroexcursión” convocada en tono de reto y regaño por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez; la presentación de la estrategia integral para el saneamiento de la cuenca que el Gobierno estatal denomina “Revive Río Santiago”, y la minuta de acuerdos entre el Gobierno estatal y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).A esta serie de eventos locales y nacionales hay que sumar que la lucha de los pueblos del Río Santiago tuvo resonancia internacional con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando “medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de una presunta contaminación ambiental en el Río Santiago y el Lago de Chapala”.Además de estas acciones, varios otros actores se han posicionado al respecto. Por ejemplo, los empresarios del corredor industrial de El Salto que prometen (otra vez) colaborar con las autoridades para remediar esta zona tan contaminada. Los gobiernos municipales de Juanacatlán, El Salto y Tonalá, también han sido emplazados y se han visto obligados a pronunciarse al respecto.La suma de todas estas acciones y posicionamientos se convierte en una coyuntura que abre una oportunidad de echar a andar un radical programa de remediación y saneamiento del Río Santiago y todas las localidades envenenadas por la contaminación que ha dejado cinco décadas de agresivas políticas industrialistas.La coyuntura que abre esta oportunidad no es concesión del Gobierno, sino el resultado de una tenaz lucha de los pueblos del corredor industrial que tienen décadas denunciando la contaminación y sus efectos cotidianos, manifestados no sólo en los malos olores que padecen, sino en las enfermedades que los debilitan o matan.Gracias a la lucha de organizaciones como Grupo Ecologista El Roble, Un Salto de Vida, Comité de Defensa Ambiental de El Salto, y las cada vez más numerosas asambleas de los pueblos es que ahora el Gobierno se ve emplazado a dar una respuesta para poner fin, de una vez por todas, a las fuentes que contaminan y envenenan el río.Si bien el Gobierno del Estado ha manifestado expresamente su compromiso para echar a andar esta estrategia de remediación, un plan de tal magnitud no puede funcionar si se hacen a un lado a los pueblos y comunidades. La estrategia del Gobierno estatal contempla un eje que llama “gobernanza”. Es ahí donde quieren poner la ventanilla de atención a la población. No basta y, de hecho, estará condenada al fracaso, si no se toma en cuenta en serio a los pueblos que se han organizado en asambleas y en asociaciones contra la contaminación. No basta con preguntarles su opinión. Las comunidades y pueblos deben participar en todas las fases del proceso y deben hacerlo de manera activa, incluso como inspectores con capacidad de clausurar empresas que sean fuentes de contaminación.Para los funcionarios se trata de un asunto de trabajo en un sexenio. Para los pueblos y comunidades se trata de un asunto de vida o muerte. El Río Santiago debe sanar, con los pueblos por delante.
