La contaminación del río Santiago es uno de los problemas ambientales más añejos y que más daños generan a la salud de miles de habitantes asentados en sus márgenes. Y del país. Basta preguntar por el río más contaminado de México en cualquier buscador para que el Santiago aparezca en las primeras páginas. Pero no es necesario buscar en internet. Los pobladores de las localidades de El Salto y Juanacatlán tienen denunciada desde hace cuatro décadas la polución de un río que antes era un paraíso que los proveía de alimentos, entretenimiento, salud física y mental y que ahora es fuente de padecimientos, enfermedades, deterioro y en no pocas ocasiones muerte. Asociaciones como Grupo Ecologista El Roble de Juanacatlán y Un Salto de Vida tienen 30 años organizadas para denunciar la contaminación de este río que nace en el lago de Chapala, y que cruza Jalisco y Nayarit para desembocar en el océano Pacífico, pero no vierte aguas limpias y sanas, sino las aguas pútridas y contaminadas luego de recibir cada día más de 500 toneladas de sustancias que generan los negocios industriales, agrícolas, inmobiliarios y aguas residuales en sus márgenes, especialmente en el corredor industrial El Salto-Ocotlán y las descargas urbanas de parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Después de años de denuncias, después de un repertorio de manifestaciones que han incluido denuncias ambientales, marchas, caravanas y miles de “tours del horror” por los sitios donde se descargan las aguas corrompidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 7 de febrero de 2020 medidas cautelares “a favor de pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de una presunta contaminación ambiental en el río Santiago y el lago de Chapala en el Estado de Jalisco” (https://bit.ly/3DlTHks).Por ello urgió al Estado mexicano en su conjunto, no en particular al Gobierno de Jalisco, a que adopte las medidas necesarias “para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago” en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán.Es con este antecedente que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y funcionarios de su gabinete acudieron el jueves 20 de octubre a la sede de la CIDH en Washington. El gobernador aclaró que solicitó la reunión para explicar a las autoridades de la CIDH la estrategia de remediación que impulsa su Gobierno, denominada “Revivamos Ríos Santiago y Zona de Intervención Especial de Poncitlán”. Pero la visita era totalmente innecesaria, porque para empezar ni siquiera fue solicitada por las autoridades de la Comisión Interamericana, por lo que fue considerada un acto político para promover mediáticamente al gobernador y la administración estatal que encabeza, como me dijo Alan Carmona de la agrupación Un Salto de Vida.Y es en realidad un acto de simulación de que se está actuando a fondo en contra de la contaminación del río Santiago, cuando no es así. La mayor parte de la inversión pública (cuatro mil 600 millones de pesos) que presume el actual Gobierno en la remediación de la contaminación se destinan a ampliar o construir plantas de tratamiento de agua cuando desde hace años se ha exhibido que dichas plantas pueden limpiar aguas residuales, pero no químicos y más de mil metales pesados arrojados por las industrias que se sirven del río. Ya la misma CIDH había asentado en la recomendación de febrero de 2020 que “la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no es idónea para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales que se encontrarían en el río”.Pero la simulación en la limpieza del río Santiago, uno de los “infiernos ambientales” del país, es compartida por el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues se ha desentendido de cuidar e inspeccionar las descargas que arrojan las industrias asentadas en ese cuerpo de agua. En los pasados años apenas había un inspector para vigilar las descargas a lo largo de toda la cuenca y donde hay más de 40 mil usuarios del agua, según el reportaje de Quinto Elemento Lab (https://bit.ly/3TFa2Ww). No actúan a fondo contra quienes contaminan para no perturbar las actividades económicas que se alimentan de los recursos del río Santiago. Ya lo dijo en su momento Rafael Elvira, titular de Medio Ambiente en el Gobierno de Felipe Calderón, que no se podía declarar emergencia ambiental en la zona porque espantaría a los inversionistas. La política es clara: el capital por encima de la vida de los habitantes que padecen la contaminación del río.
