Un año después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una recomendación a México para que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida y la salud en comunidades de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, tocó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la semana pasada hacer lo propio y exigir por primera vez una moratoria que ponga un alto al crecimiento industrial en esos mismos municipios, además de Tonalá.Esto, tras realizar un estudio en el que se analizaron 67 indicadores junto con académicos y pobladores que volvió a poner de relieve las graves afectaciones que a la salud de las comunidades aledañas provoca la contaminación del Río Santiago y del Lago de Chapala.Fue en ese contexto que el nuevo relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho humano al agua potable, el español Pedro Arrojo, advirtió que el ecosistema del Río Santiago está tan quebrado que pasó de ser “clave de vida a un vector de enfermedades y muertes”.Este nuevo llamado de la CEDHJ a autoridades municipales, estatales y federales se da cuando aún el gobierno mexicano no acaba de responder a la resolución 07/2020 de la CIDH donde pidió a las autoridades realizar un diagnóstico médico especializado en la zona afectada e informarles de las medidas para combatir las fuentes de riesgo.Por ello habrá que ver cómo el gobierno estatal retoma los acuerdos que se habían hecho con el gobierno federal, luego de aquella recomendación cuando se reunieron con Víctor Toledo, quien renunció el año pasado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para pedir la intervención y el apoyo del gobierno federal en la limpieza del Santiago. En aquella ocasión se comprometió a trabajar en conjunto en la búsqueda de revertir el desastre ambiental en este río, y a fortalecer la supervisión en las industrias que vierten sus drenajes en el afluente con sustancias y metales pesados altamente contaminantes.Cabe señalar que el gobierno federal nunca ha dado seguimiento ni realizado las supervisiones necesarias para detener la degradación continua de este cuerpo de agua. Un botón de muestra es que en el 2009 que se emitió la macrorrecomendación de la CEDHJ por la contaminación en el Santiago, las sanciones de la Profepa a las empresas que tiraban desechos al Santiago alcanzaron una cifra récord de 44 multas, sin embargo, esta supervisión se fue relajando al grado que en los últimos años se han aplicado apenas 5 en promedio.Habrá que ver, pues, si esta nueva recomendación mueve al gobierno de la autollamada cuarta transformación y pone fin a la indeferencia que la Federación siempre ha tenido ante el grave problema de contaminación en el Río Santiago.jbarrera4r@gmail.com
