La semana pasada, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) advirtió que la iniciativa de reforma presentada el 21 de julio por la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, que plantea que sea la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que ella encabeza, la que reciba los informes mensuales, trimestrales y anuales de cuenta pública de los entes fiscalizables, significaba un retroceso en la revisión del gasto público, porque se convertiría en una instancia intermedia, en la que se podrían retrasar o arreglar-lavar las cuentas públicas antes de enviarlas a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).Para los integrantes de la esfera ciudadana del SEA, algunos términos de la iniciativa anulan los avances de la reforma del 2017 de la Ley de Fiscalización, que apenas entrará en vigor este año, y que obliga a los diputados y diputadas a sacar las manos de la revisión de las cuentas públicas, para buscar desterrar el lavado de cuentas o, en la jerga de los vicios legislativos, el conocido “chaca-chaca” de la lavadora para sacar rechinando de limpios ejercicios presupuestales con graves irregularidades. Siempre en el Congreso local las y los diputados se han intercambiado impunidad. Si había una cuenta pública sucia de algún alcalde o funcionario del PRI, se anulaba con otra igual del PAN, y ahora de MC y sus aliados del Verde, PRD y PT.La nueva Ley plantea que ahora sea sólo la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), como órgano técnico del Congreso, la que revise las cuentas sin que sus dictámenes puedan ser modificados por las y los legisladores, como ocurrió todavía este año en la actual Legislatura LXII.Pese a estas críticas, la diputada emecista defiende su iniciativa y rechaza que el espíritu de su reforma sea defender el lavado de cuentas. Al contrario, asegura que lo único que se busca es poner orden en la entrega de los informes que hoy llegan a la oficialía de partes del Congreso, de ahí a la Secretaría General, luego a la junta de coordinación y hasta entonces a la comisión y la Unidad de Vigilancia, lo que provoca que la ASEJ pierda tiempo valioso del término para revisar las cuentas.Apunta además que su iniciativa obliga a que los entes fiscalizables entreguen por duplicado sus informes a la Comisión de Vigilancia, para asignarles un folio e inventariar los documentos entregados para que quede un testigo de lo enviado a la ASEJ, y evitar así también las discrecionalidades en la Auditoría. Lo que se cuestiona en este punto es si de aprobarse tal cual esta reforma, el auditor puede o no requerir más información a los declarantes, pero sobre todo que el titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso es habilitado en la fracción II del artículo 65 para “realizar la revisión de informes de cuenta pública remitidos por la ASEJ, sobre los sujetos fiscalizables y auditables”, lo que abre la puerta para que no cese la injerencia de las y los diputados en la revisión de las cuentas.Hoy habrá una importante reunión entre las y los integrantes del CPS y la diputada Flores en la que bien podrían solventar diferencias y consolidar una iniciativa en la que vayan juntos para apoyar el fortalecimiento de la ASEJ, en donde el desmontaje de los viejos vicios, como la cadena de despachos de contadores que sobornan a alcaldes y a otros entes fiscalizables con la complicidad de personal interno para también lavar cuentas, va a paso muy lento, por lo que las triquiñuelas de la era Alonso Godoy persisten.jbarrera4r@gmail.com
