Lo extraño habría sido lo contrario. Pero el conflicto siguió su ruta natural: La Universidad de Guadalajara recibió la respuesta negativa del Gobierno de Jalisco a su petición para que no le retiren 140 millones de pesos que se destinarían a la edificación del Museo de Ciencias Ambientales.En la versión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez se precisó que no hay ninguna violación a la autonomía universitaria porque si no han recibido el dinero, entonces no se afecta su presupuesto y además, se defendió la facultad del gobierno estatal para reasignar partidas presupuestales, particularmente en una situación de emergencia como la de la pandemia del coronavirus.Por eso, ese recurso estatal se invertirá en la construcción del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.Hombre de modales reposados y que contrasta en casi todo con su jefe el gobernador, Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública estatal, llevó más lejos la respuesta que le entregaron a la Universidad de Guadalajara: descubrió públicamente que la institución educativa tiene mil 200 millones de pesos en el Fideicomiso de Infraestructura Física de la Red Universitaria que están “estacionados” y que bien podrían utilizar el famoso museo, si lo consideran prioritario.Partida puso a la Universidad contra la pared… por el momento. Sobre el famoso fideicomiso detalló que esos mil 200 millones de pesos han sido aportados mayormente por el gobierno estatal (al menos el 85%) y además, indicó que se les han acumulado desde el año 2016. “Sería interesante conocer su destino (…) esa pudiera ser una alternativa para resolver de manera inmediata el tema del museo”.Pero el funcionario no se quedó ahí. Añadió casi con timidez que de forma regular, el gobierno estatal puede recuperar los montos no ejercidos en el término de un ejercicio anual, “a más tardar el 15 de enero del año siguiente”. ¿Es un aviso, una advertencia, un amable recordatorio?La respuesta del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, llegó horas después, cuando otra noche lluviosa se cernía sobre la ciudad: convoca a sesión del Consejo General Universitario para mañana 8 de septiembre y así “analizar los diferentes señalamientos y plantear su postura formal”.La institución educativa tiene en la mesa la posibilidad de acudir a tribunales en el Estado o incluso, buscar de entrada el juicio de amparo. Lo están analizando los abogados más cercanos a la oficina de la rectoría. ¿Pero hasta dónde están dispuestos a llevar el diferendo?Contabilizando los eventos que se han venido sumando, como el cambio inesperado de 15 jueces estatales afines al Grupo Universidad a plazas más lejanas o bien, más complicadas, se percibe que es firme la decisión de combatir la influencia universitaria en todos los círculos de la vida pública donde tiene presencia e influencia.El rector Villanueva todavía tiene en trámite la reunión de cartas firmadas (anunciaron que reunirían al menos 140 mil) para exigir al gobierno estatal que entregue recursos tanto para el museo como el Hospital Civil. Nada se ha dicho todavía de movilizaciones sociales; y está pendiente también el destino final del desalojo de vecinos y miembros de la FEU de la zona del desarrollo Iconia en Huentitán.Por lo visto, se agotan los espacios de conciliación.jonasn80@gmail.com / @JonasJAL
