Aunque nunca había emitido comunicados, la Contraloría del Estado dio a conocer el martes en un boletín de prensa, que la licitación bajo sospecha del Gobierno estatal de tres mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria “no comprometen el resultado mismo de la licitación ni afectan la validez del contrato”.La investigación que ordenó el propio gobernador Enrique Alfaro a la contralora Teresa Brito señala que sólo hubo faltas administrativas de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración, sin dar a conocer sus nombres ni precisar las irregularidades cometidas ni sus penalidades.Como era de esperarse, diputados de oposición y organizaciones de la sociedad civil, como la Contraloría Ciudadana, que levantó una denuncia por este caso en la propia Contraloría, se mostraron en desacuerdo y presumieron presiones del Gobierno estatal para apresurar los resultados de una investigación que no se puede dar por terminada y que no explica si hubo o no conflicto de interés por el hecho de que Guillermo Romo, el empresario ganador de la multimillonaria licitación, haya aparecido con el gobernador y otros funcionarios en un juego de Los Lakers en Los Ángeles, ni por qué no invalida la operación el hecho de que la representante legal haya sido la misma de las únicas dos empresas que compitieron y que además trabajó en las notarías del padre y el hermano del mandatario estatal. La investigación de la Contraloría nada dice tampoco si fue o no legal que se haya descalificado a la otra empresa que impugnó la licitación ni si hubo o no irregularidades en la convocatoria que de entrada sólo se publicó en las páginas del Gobierno del Estado y no en los periódicos de mayor circulación como marca la Ley.Estas inconformidades hicieron recordar la poca credibilidad que en su tiempo se le dio al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, cuando su entonces jefe el presidente Enrique Peña Nieto le ordenó investigar el escándalo de la Casa Blanca y semanas después lo exoneró de toda responsabilidad, de ese episodio, que para muchos mexicanos fue un caso de evidente corrupción, significó un golpe a la figura presidencial del que nunca se recuperó.En ese sentido, la incredulidad a esta investigación de la contraloría reabre el debate de la necesidad de que los y las titulares de estos órganos de control sean independientes y no nombrados por el Presidente, el gobernador o el alcalde en turno.Aunque la Contraloría la haya dado como válida, la licitación para el programa La Refundación A Toda Máquina seguirá investigándose en otras instancias del Sistema Estatal Anticorrupción como la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), el Instituto de Transparencia y sobre todo en la Fiscalía Anticorrupción donde se mantiene este reto en el que también se juegan su credibilidad.jbarrera4r@gmail.com
