No hay nada más complejo para un gobernante, para cualquier poderoso, que meter reversa, reconocer que algo que él ha propuesto puede y debe ser revisado. El público suele aplaudir a los gobernantes que se sostienen, que van siempre hacia adelante, por eso tiene mérito la decisión del gobernador Enrique Alfaro de no publicar la reforma que quitaba el salario a los miembros del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.La decisión abre la oportunidad para discutir no solo el sueldo sino el papel de este Comité en el Sistema. Poner en manos de la sociedad civil, en ciudadanos nombrados por ciudadanos, la coordinación de un sistema de vigilancia anticorrupción fue un gran avance, pero no es fácil ni perfecto.Lo primero que hay que tener claro es que no hay ciudadanos puros, que ser representante ciudadano no significa ser una especie de espíritu alejado de todo interés material. Ese ciudadano imaginario no existe. Lo que tenemos que buscar no es al ciudadano perfecto sino el equilibrio de ciudadanos. Por eso no se pensó en un “zar anticorrupción” sino en cinco miembros en un ente colectivo (cuando me tocó presidir la primera Comisión de Selección hace cuatro años teníamos muy claro que no se trataba de seleccionar a los mejores individuos, sino al mejor equipo).El verdadero problema al que se enfrenta el CPS es que siempre será visto por el resto de los integrantes del Sistema Anticorrupción, que son funcionarios públicos, como un grupo de seres advenedizos que quieren meter las narices en el trabajo ajeno y exigen resultados sin ser sus jefes políticos. Es un papel complicado y no hay experiencias previas que nos dicten cuál es el comportamiento esperado. De hecho, sobre el papel del CPS los empresarios imaginan una cosa diferente a los activistas y ONGs, y los funcionarios públicos otra muy distinta.El sueldo de los miembros del Comité es, pues, lo menos importante, o si se prefiere, el sueldo es importante dentro de una discusión mucho más amplia sobre el papel de los representantes de la sociedad civil en el Sistema Anticorrupción. Muchos funcionarios públicos no saben o no quieren saber cómo funciona el sistema que está pensado no para meter a los malosos de las administraciones anteriores a la cárcel, que es lo que ellos quisieran, sino para evitar la corrupción del presente, una cadena que comienza con el sistema de cuotas y cuates en el Congreso y se consuma con la asignación de obra pública, compras sin licitación, permisos de obras privadas o juicios a modo.Aprovechemos la crisis generada por una reforma absurda y la decisión del gobernador de revertirla para discutir y repensar cómo fortalecer y mejorar el trabajo del Comité de Participación Social y no cómo anularlo, que es y será siempre la ambición de los vigilados.Aprovechemos la crisis generada por una reforma absurda y la decisión del gobernador de revertirla para discutir y repensar cómo fortalecer y mejorar el trabajo del Comité de Participación Social
