Uno de los mayores bastiones que ha tenido el Presidente de la República durante su mandato ha sido mantener un absoluto control de facto sobre los tres poderes de la unión, potestad que para su desgracia se ha debilitado a pesar de que lo ha intentado mantener el mayor tiempo posible.Sobre el Poder Judicial mantuvo el dominio durante la Presidencia del ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien tal y como ha sido reportado por la inmensa mayoría de los medios de comunicación a nivel nacional durante la semana pasada, es objeto de investigación en el Consejo de la Judicatura federal, entre otras cosas, por intervenir en asuntos que no eran de su competencia utilizando chantajes y amenazas a jueces y magistrados para que fallaran según los intereses que le eran dictados desde Palacio Nacional; sin embargo, López Obrador ordenó al entonces presidente de la Suprema Corte presentar su renuncia a la silla más importante del Poder Judicial, sin que a la fecha resulte claro si lo hizo para utilizarlo como un simple peón al que se sacrifica por un interés mayor y usarlo como carnada para distraer a la prensa indeseada de su candidata, o realmente se sumó a la campaña de Sheinbaum porque se ganó un lugar con base en lealtad ciega y servilismo.Respecto al Poder Legislativo, basado en su gran popularidad, siempre contó con que al celebrarse las elecciones intermedias habría de lograr la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, sin embargo, para sorpresa de muchos no fue así, lo que lo obligó a tener planes de la A a la Z, entre los que incluyó desde “convencer” a legisladores de otras bancadas (o a sus dirigentes) para que votaran en favor de sus propuestas, hasta intentar aumentar el número de integrantes de la bancada morenista o de los partidos oportunistas que temerosos en perder su registro se han convertido en rémoras del partido en el poder, planes que le han funcionado para imponer su voluntad, sin embargo, al día de hoy se enfrenta a un rival con el que no se puede negociar chantajear ni extorsionar: el tiempo.El día 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, fecha límite para aprobar dos iniciativas propuestas por el Presidente, que en realidad van más de la mano de lo que parecen a simple vista. Por una parte, la reforma relativa a las pensiones, y por otra, la reforma a la Ley de Amparo.La primera permitiría al Presidente tener a su disposición una bolsa de cuarenta mil millones de pesos y la segunda busca evitar que los jueces y magistrados puedan otorgar una suspensión con efectos generales en un juicio de amparo, es decir, busca impedir que un Juez ordene la inaplicabilidad de una norma hasta en tanto se determine que la misma es o no constitucional.La explicación es clara. El habitante de Palacio Nacional sabe perfectamente que la iniciativa que le permite acceder a las pensiones es tan inconstitucional como es posible, entonces: ¿cómo puede asegurarse de que dicho monto llegue a sus manos sin contratiempo? Sencillo. Quintándole a los jueces la facultad de otorgar suspensiones con efectos generales. Bueno, en realidad, quitándole el derecho a los ciudadanos de exigir a los juzgadores que dicten una medida preventiva para que no se aplique una ley que viola la Constitución.
