A fines de marzo pasado, la comunidad jesuita consideró un síntoma más del fracaso de la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado el hecho de que hubieran sido sicarios los que asesinaron a José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, a quien las autoridades nunca pudieron detener para llevarlo ante la justicia por el brutal asesinato, el 21 de junio de 2022, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y César Mora Salazar, cuando el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez se quiso refugiar en la parroquia de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.Luego de ese multihomicidio y pese a todos los reclamos de justicia de la Iglesia, en la Tarahumara se siguió viendo a “El Chueco” circular con toda la impunidad por la zona sin que nadie lo detuviera, hasta que apareció muerto en Sinaloa.Este reproche jesuita a la 4T se dio en medio de toda una escalada de críticas de los Estados Unidos también a la estrategia antinarco del Gobierno mexicano, y las exigencias de considerar terroristas a los cárteles mexicanos para poder combatirlos con sus agentes en suelo mexicano, por considerarlos la peor amenaza a su seguridad, como lo dijo el mes pasado la agencia antidrogas estadounidense (DEA). En junio de 2022, justo dos semanas después del crimen contra los jesuitas, y entre fuertes tensiones que se detonaron entre el clero y el Gobierno federal, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Compañía de Jesús y la Asociación de Religiosas y Religiosos, convocaron a la realización de las Jornadas de Oración por la Paz, que visibilizaron como nunca la crisis desbordada de inseguridad y violencia que en ese momento ya se traducía en más de 126 mil homicidios y que ahora ya supera los 150 mil, cifra mayor a los que ocurrieron en todo el sexenio del panista Felipe Calderón.Lejos de mostrar apertura a la crítica y hacer ajustes a su política y estrategia de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador alegó que había “mano negra” en los reclamos de obispos católicos y sacerdotes jesuitas, a los que ya los había tildado de “apergollados”, hipócritas y de desoír al Papa Francisco.Una de esas voces críticas fue la del cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien expresó que los sicarios sólo sabían de balazos y muy poco de abrazos. Incluso en ese mismo contexto, reveló que había sido retenido en retenes de narcos en la Zona Norte de Jalisco y que las mafias cobraban derecho de piso a los organizadores de las fiestas patronales.Eso provocó que al igual que el Presidente, el gobernador Enrique Alfaro abriera un frente con la iglesia al desmentir al prelado y cuestionarlo por no haber presentado una denuncia formal. Esta postura de polarización fue corregida primero por el mandatario estatal, que buscó un encuentro con el Cardenal, mientras que el Presidente moderó su postura al celebrar la convocatoria del CEM, por considerar que tenía “otro tono”.Por eso será muy interesante ver cómo tome ahora AMLO el relanzamiento de los reclamos del clero por la crisis de inseguridad y violencia que padece el país y que analizarán en el Diálogo Nacional por la Paz al que convocó el CEM, la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de México, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y la Dimensión Episcopal de Laicos.jbarrera4r@gmail.com
