En el Congreso de Jalisco se está dando una interesante discusión que puede concluir con un mejor sistema de justicia… o con otro proceso de simulación. ¿De qué se trata? Cambiar procesos para elegir a magistrados y jueces, y de paso, establecer nuevas reglas para evaluarlos y obligarlos a mejorar su desempeño.Se han presentado varias propuestas. El mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez envió la suya. Pero también hay iniciativas presentadas a título individual, como la del diputado Francisco Javier Romo, de Movimiento Ciudadano, o la de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).Destaca, en medio del vocerío, el flexible discurso del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves. Hombre ajeno a los reflectores, Suro había pasado desapercibido en el máximo tribunal estatal hasta que surgió como la opción para encabezar el Poder Judicial tras la escandalosa crisis del ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, que debió dejar el cargo después de una telenovela digna del horario estelar de cualquiera de las grandes empresas de tele abierta.Pero aunque el ahora presidente ha hecho esfuerzos por mantener las cosas como estaban, es decir, en ese conveniente equilibrio que si no era satisfactorio tampoco generaba reacciones radicales porque se repartían los beneficios, la realidad cambió las reglas del juego.Ricardo Suro llegó a la titularidad del Poder Judicial después de una negociación en la que pesaron de manera definitiva las posturas del entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, y la del padre de éste y ahora ex magistrado, Leonel Sandoval.Pero hay nuevas condiciones. La primera, que el gobernador es Enrique Alfaro y con él, fue desplazada otra vez la élite priista. La segunda y más importante, es la increíble impunidad que se vive en el Estado, uno de los más señalados por corrupción en el desempeño judicial; uno de los que registran mayor índice de homicidios y desaparecidos; uno de los Estados, también, donde hay más incidencia de delitos del fuero común y por si fuera poco, uno de los Estados donde ha sido más ineficiente la Fiscalía, al grado de que al asumir el cargo el fiscal Gerardo Octavio Solís, denunció desorden total en las carpetas de investigación, abandono de los procesos y alteración de las estadísticas oficiales. Prácticamente empezó de cero.La procuración de justicia no es tarea del Poder Judicial, pero el desorden en la Fiscalía se ha combinado con el creciente poder del crimen organizado y con la aplicación muchas veces absurda del sistema oral, que golpea a la población por la visión garantista y selectiva de muchos jueces; se ha hecho común la queja de los alcaldes, porque los policías municipales detienen y el juez libera.¿Resultado? El caos y la percepción de que magistrados y jueces son corruptos y responden al interés del dinero, sin importar el origen de éste.Por eso es imposible volver atrás. Por eso los magistrados y los jueces deben aceptar mecanismos como los exámenes de control y confianza; dejar de argumentar como si fuera sacramental la famosa independencia de poderes; admitir, investigar y castigar quejas. Retirar del cargo a quienes evidentemente son hallados en conflictos de interés o de plano, en actos de corrupción, y eliminar privilegios como el haber de retiro.No es sencillo. Habrá grandes resistencias. Por eso hay que revisar si las reformas son auténticas y de fondo, o se trata de otra estrategia gatopardista.
