Ayer dejaron sobre la carretera 15 de Sinaloa, en las inmediaciones de Elota, un municipio a 141 kilómetros al sur de Culiacán, un mensaje espeluznante: una cabeza sobre una hielera con una rebanada de pizza en la boca y una parte de un brazo. El mensaje era claro y probablemente venía de la “mayiza”, las milicias al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa preso en Brooklyn. La pizza es el símbolo que identifica a los chapitos, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes la “mayiza” está persiguiendo por el sur del estado. De esta forma comenzó el cuarto mes de la implosión del Cártel de Sinaloa, que causó una guerra entre las dos facciones en disputa por el control de la organización criminal trasnacional más importante del mundo, que es un recordatorio de la transgresión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle permitido erigirse en la autoridad suprema y garantizar que la pax narca administrada por Zambada contuviera la violencia. Capturado Zambada a finales de julio, la realidad se modificó por la ambición de los “Chapitos” para hacerse del control del Cártel. López Obrador no hizo nada por pacificar Sinaloa en las tres semanas de guerra que cohabitaron con su administración. Lo que hizo fue declarar todo el tiempo que en la captura de Zambada no había participado su gobierno, como si quisiera mandar un mensaje a Sinaloa que él no lo había traicionado, como afirman en Culiacán, y acusar a Estados Unidos de realizar esa operación a sus espaldas y provocar la violencia. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, subrayó que López Obrador se quejara de que habían detenido a Zambada, sin festejar la detención.Era una ironía que sugería la relación inconfesable de Palacio Nacional con el Cártel de Sinaloa, y escondía la razón por la cual la operación se hizo a sus espaldas. En Washington estaban convencidos que si le informaban lo que harían, los alertaría y se frustraría esa acción que llevaba casi año y medio en preparación. De ese tamaño es la creencia en el gobierno de Estados Unidos de su involucramiento con los criminales, que López Obrador ha negado con vehemencia.Pero, en su contra, estuvo la realidad. La implosión mostró la dimensión de un sexenio de laxitud y de apoyo inopinado a esa organización criminal. Rota la pax narca, quedó al descubierto la ingobernabilidad del gobierno de Rubén Rocha Moya, que no gobierna, ni manda, ni tiene control de nada. Sinaloa es del Cártel, que primero tenía repartido los territorios y que hoy disputan sus facciones. La vida de los sinaloenses también les pertenece.En estos tres meses, son los narcotraficantes quienes han marcado el ritmo de la vida. Son los que han establecido un toque de queda informal, marcando con su violencia a qué hora empieza y termina el día, arrastrando en ello a la actividad económica, donde los comercios cierran a la hora del crepúsculo porque nadie sale a comprar ni a comer nada. Las clases presenciales dependen de lo que digan ese día los criminales, así como también las corridas del transporte público. El aeropuerto termina sus operaciones a las ocho de la noche. Circular en las calles de noche es un peligro; hacerlo en una carretera es una invitación a que lo maten.López Obrador puso a Rocha Moya como gobernador y era su enlace político con Zambada, de acuerdo con informes de inteligencia mexicana, que señalan que se ponían de acuerdo con él sobre candidaturas a puestos de elección popular. El ex presidente les respondía indirectamente de diversas formas, como la construcción de una carretera de 141 kilómetros entre Badiraguato, la tierra de El Chapo Guzmán -que visitó seis veces sin mayor problema-, y Parral, Chihuahua, una ruta que históricamente ha sido trasiego de drogas hacia el mercado de Estados Unidos, que benefició mayoritariamente al Cártel, deliberada o inopinadamente, al hacer más fácil y rápido el tráfico. Otra forma presuntamente de agradecimiento era no combatirlo e ir debilitando a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación. El status quo cambió tras la captura de Zambada, y la guerra fratricida del Cártel dejó al descubierto al gobierno de Rocha Moya, que durante los dos primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum fue tolerado pese a su incompetencia. La semana pasada se acabó la paciencia, tras más de 500 muertos en este periodo, al despachar la presidenta a Culiacán a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para coordinar las acciones contra el Cártel. Pero García Harfuch ha sido más que eso. Ante la ingobernabilidad de Rocha Moya, está restableciendo la gobernabilidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no solo en las percepciones sino en los hechos, mostrando que este gobierno, a diferencia del de López Obrador y el del gobernador, no abandona a los sinaloenses. El desastre que dejó ese par no será fácil resolver. Podrían ayudar fuertes inyecciones de recursos para reactivar la economía, pero Sheinbaum no tiene dinero. Podría ayudar si continúan las acciones contra los criminales, pero los resultados no serán vistos en el corto plazo, donde si son efectivas lo más probable es que se incrementará el número de muertos antes de que empiece a bajar, lo que significaría que la estrategia funcionó.Las opciones que tiene el gobierno son limitadas por los escasos espacios de maniobra que les dejaron. La guerra seguirá por algún tiempo más y el gobierno de Sheinbaum necesitará distractores para generar expectativas mientras continúa trabajando hacia una solución definitiva. Tampoco tiene en este campo muchas alternativas, y la única que se está anidando en la opinión pública es la salida de Rocha Moya, que con seguridad sería muy aplaudida. Es el único fusible a la mano, y reforzaría la idea de que están haciendo cosas. No sería fácil, porque el Congreso local y federal lo controla Morena e indirectamente López Obrador, que lo sigue apoyando. Pero cientos de muertos y desaparecidos exigen acciones extraordinarias para recuperar Sinaloa y, de paso, al país.
