De los altos niveles de corrupción en el Poder Legislativo de Jalisco se ha hablado y documentado desde la opacidad paradigmática de la Legislatura 58, de mayoría panista, de hace más de dos décadas. Era cuando las partidas secretas y las dobles nóminas eran un secreto a voces y de donde se desviaban muchos millones de pesos que terminaban en las cuentas bancarias de funcionarios públicos y políticos rapaces quienes tenían la mayoría y el control de la Legislatura en turno. Todas esas corruptelas, por cierto, quedaron impunes y los delincuentes de cuello blanco nunca fueron llamados a cuentas por la Fiscalía ni por pasados o presentes responsables de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).Cuando en su momento, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, se exigió por años parar la fuente de corrupción que emanaba desde el Congreso y contaminaba de complicidad delictiva a dependencias estatales y municipales, y al Poder Judicial, por la simulación total en las tareas de fiscalización, vinieron algunos cambios que nos hicieron pensar que se ordenaría administrativamente el Congreso y con ello se combatiría tanta rapiña de nuestra clase política y gubernamental. Vinieron cambios en una ASEJ que estuvo secuestrada por más de una década, se sentaron las bases para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción con un componente ciudadano inédito, como lo fue el Comité de Participación Social (CPS), pero a juzgar por el diagnóstico que presentó el martes pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de la administración en el Congreso, esos que parecían avances no nos han servido para nada.Suponiendo sin conceder que ya no hay partidas secretas, la revelación que hace el IMCO de que 649 de mil 069 empleados del Poder Legislativo de Jalisco salen sobrando (es decir que el 60 por ciento de la nómina, o lo que es lo mismo, seis de cada 10 no se necesitan para las necesidades y las actividades que se realizan en el Congreso) significa que la corrupción se institucionalizó. Que por décadas se ha destinado dinero del erario para pagar cuotas políticas y no por un trabajo que se necesite. Estamos hablando de un desvío gigantesco, que se da impunemente a la vista de todos. De la necesidad de bajar el gasto y la nómina en el Congreso estatal ya había advertido el propio IMCO desde su Informe Legislativo 2018 al ubicarlo como el tercero más administrativamente obeso del país. Su nómina entonces era de 943 empleados cuando el promedio era de 441. Lejos de corregir su nómina, es decir, el saqueo, siguió creciendo. Esperemos que ahora que fue una decisión de la actual Legislatura contratar al IMCO para hacer un estudio más a fondo, atiendan sus recomendaciones, y se erradique la normalización de la corrupción que representa pagarle a 649 personas que no se requieren. jbarrera4r@gmail.com
