No deja de ser extraño que un gobierno que se dice progresista (lo de izquierda ya ni ellos se atreven, unos por conveniencia y otros por vergüenza, a llamarse así) tenga tal desprecio por el conocimiento científico. La historia comenzó cuando a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le dio por ponerle adjetivos al trabajo científico, a hablar de ciencia neoliberal para confrontarla con una supuesta ciencia comprometida con el cambio (Tres Patadas, 27 de abril, 2020). No quedó ahí. Poco a poco, pasaron del discurso a los hechos. Un breve recuento de daños y simulaciones. A mediados del año pasado se homologó, engañosamente, a los investigadores de los Centros Públicos de Investigación con directores de área; es decir, trabajadores de confianza y no de base. Vino después la extinción de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación por decreto (seguimos esperando las auditorías que prometió el presidente donde demostraría la corrupción). En diciembre se filtró a la prensa un borrador de la nueva Ley de Ciencia con un enfoque absolutamente ideologizado que busca alinear el trabajo científico a la visión de un gobierno. Fue tal el escándalo que la iniciativa no se presentó, hasta ahora. A finales de enero se enlistó en la segunda sala de la Corte una solicitud de revisión de jurisprudencia que permitiría al Conacyt que los investigadores de los centros públicos pasen de trabajadores de base a trabajadores de confianza. La ministra ponente es nada menos que Yasmín Esquivel Mossa, una de las ministras cercanas al presidente (la llamada ministra contratista, hoy metida en una escándalo de abuso de poder en el consulado de San Antonio, Texas) quien, por cierto, no expuso ni ha hecho públicas las razones que justificaran tal solicitud (cambiar una jurisprudencia requiere, en tiempos normales, un análisis técnico jurídico de fondo y no sólo la voluntad de uno(a) y los votos de otros(as). Finalmente, este miércoles hicieron cambios, que no han sido aún publicados en el Diario Oficial, en el reglamento de Conacyt, sin consultar a los investigadores, para eliminar la evaluación entre pares y concentrar las decisiones en la presidencia.Cuesta trabajo entender tal animadversión de la actual administración contra la comunidad científica. Desmontar la de por sí endeble generación de conocimiento de este país no parece tener otra lógica que el temor al conocimiento, al dato que por sí mismo cuestiona. Con la excusa de que el conocimiento es neoliberal, la 4T está echando para abajo el esfuerzo de décadas para la creación de un precario ecosistema de ciencia. Es cierto que hubo abuso presupuestal de empresas e investigadores en sexenios pasados, como también lo es que hay investigadores de ciencias sociales que cobran como tales y se dedican, desde sexenios anteriores, a hacer trabajo político para la causa lopezobradorista. Pero, otra vez, se usa la casuística para desmontar la institucionalidad.A lo que debemos aspirar en un país democrático es que el gobierno alinee la política pública al conocimiento científico y no a que el conocimiento se alinee a las políticas del gobierno.diego.petersen@informador.com.mx
