El proceso se llevó un buen tiempo y el estira y afloja estuvo intenso, sobre todo porque el marco legal incluye tareas y obligaciones para el Estado, por eso las resistencias, increíble de verdad. Por fortuna ganó la presión que los colectivos de familiares ejercieron, sin ceder ni un ápice, para que no los dejaran fuera y el paquete de leyes tuviera un sentido efectivo, práctico y de justicia. Estoy hablando de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco que finalmente se aprobó el jueves, por unanimidad.Estuve atenta al proceso porque resulta que Jalisco ocupa el primer lugar en número de casos de personas desaparecidas en el país. Lamentable y dolorosamente ha ido ascendiendo en esta nada honrosa lista. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, Jalisco es la Entidad que más casos registró (alrededor de tres mil 724) para un acumulado de 10 mil 031 personas “legalmente no localizadas” (la mayoría) y desaparecidas. Una de las organizaciones sostiene que la cifra llega a 11 mil 817 personas desde 1964 ¡hace 57 años! con sólo cinco sentencias condenatorias en ese lapso.El trabajo de los colectivos y las aportaciones de las instituciones que estuvieron acompañando con trabajo técnico especializado fue fundamental para que esto se consolidara en términos de innovación y excelencia reconocidos más allá de nuestras fronteras. Como ciudadana agradezco esta labor que representa un beneficio social muy grande, porque trabajaron a favor de la colectividad y porque ahora son un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación, perseverancia, adhesión y lealtad a una causa, así como empatía y conciencia social.Gracias a Por Amor a Ellxs, Entre el Cielo y la Tierra, Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), ITESO (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente), Tómala, CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo) y Observatorio Legislativo ITESO; también a la Cruz Roja Internacional y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, entre otros organismos y asociaciones que estuvieron al pie del cañón por más de tres años y obtuvieron, según sus propias palabras, de las que son la voz de los que no están, un paquete legislativo “garantista e innovador”, el mejor en México.Con la ley aprobada esta semana se fijan plazos límite para las autoridades de manera que están obligadas a agilizar las investigaciones y los procesos de identificación en caso de desapariciones. Se conformará un Sistema Estatal de Búsqueda encargado de coordinar acciones entre diferentes órdenes y niveles de gobierno y se permite, sin restricciones, la participación activa de los familiares.Otras disposiciones, para tenerlas en mente y valorar en su justa medida la aprobación de la ley (que se suma a la de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición aprobada hace unos diez días) son, por ejemplo: presunción de vida, la prohibición de que se destruyan cadáveres no identificados y que se disponga de sus pertenencias; se contempla, como instrucción al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que elabore un registro del lugar donde sean depositados restos humanos; se homologarán los protocolos de investigación y se incluye como disposición el esclarecimiento de hechos.Los colectivos e instituciones que impulsaron estas leyes y participaron en su redacción y contenido, reconocieron el trabajo de las legisladores de diferentes partidos que prácticamente tomaron a título personal esta tarea (a saber: Érika Pérez, Elizabeth Alcaraz, Priscilla Franco y Mara Robles), pero al mismo tiempo manifestaron su deseo, por un lado, de que el marco legal sea una herramienta efectiva para agilizar las labores de búsqueda y, sobre todo, para encontrar a los que no están; y, por el otro, aseguraron que vigilarán que las leyes se cumplan a pie juntillas. De que lo harán, no cabe la menor duda.La aprobación de estas leyes, cuyo proceso no fue fácil ni terso, hubo momentos en los que se pensaba que se haría sin la participación de las familias (seguro se recuerda que en diciembre se hizo una clausura simbólica del Congreso porque se pretendía aprobar sin las familias), es un ejemplo de los resultados que puede tener una participación ciudadana intensa, consciente, colectiva, acompañada y preparada; también deja claro que, en realidad, a los legisladores no les cuesta nada trabajar de la mano de la sociedad civil. Sí es un asunto de voluntad. Y que es posible esquivar las presiones tendientes a reducir el nivel de responsabilidad y trabajo del Estado; hubo resistencias, pero al final, por lo pronto, se vencieron. Falta ahora poner en práctica el nuevo marco legal y estar al pendiente de que las autoridades e instituciones involucradas lo hagan bien. No les cuesta nada, para eso son y para eso se les paga.lauracastro05@gmail.com
