Muy alta puso la vara la coordinadora de la fracción del partido Hagamos y presidenta de la Comisión de Administración del Congreso, Mara Robles, al comentar el resultado del diagnóstico del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que ella impulsó y que confirmó las al menos dos décadas de corrupción y rapacidad que han sumido en el desprestigio al Poder Legislativo en Jalisco, al revelar que 649 de sus mil 069 empleados son innecesarios para las actividades que en él se realizan, y que están ahí sólo por ser parte de aparatos y clientelas partidistas.Señaló esta legisladora, con toda razón, que cuando un servidor público sabe de un delito o de alguna falta administrativa “incurre en responsabilidad si no toma acciones”.Desatender esta máxima constitucional no ha merecido hasta ahora sanción alguna a todos los ex dirigentes del Congreso, de todos los partidos políticos, que han urdido toda una trama de corrupción y de complicidades.Habrá que ver, pues, hasta qué grado la actual Legislatura rompe con esa inercia de impunidades y de verdad hace una limpia en el Congreso empezando por despedir a los que cobran sin trabajar en el Congreso o cuyas contrataciones son innecesarias para la labores legislativas sustantivas. Aunque es imposible no recibir esta narrativa de cambio en el Poder Legislativo con escepticismo, lo que podríamos llamar el reto IMCO no deja de ser alentador, por haber sido contratado por ellos mismos, ante tanta demagogia y promesa incumplida de nuestra clase política de sacar de la pudrición al Congreso.Por eso sería muy oportuno y sano para el futuro del Estado que este mismo reto lo asuman las y los actuales alcaldes, o que se comprometan a ello los cada día más próximos candidatos a serlo en el 2024. Que los actuales o futuros ayuntamientos también le pidan al IMCO revisar sus nóminas que presentan, en la gran mayoría, una ofensiva e irregular obesidad, que está muy lejos de traducirse en buenos servicios públicos.Prueba de ello es que Jalisco está entre las 10 entidades que más gastan en burócratas municipales, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que hizo el Inegi, desde su primera edición en el 2010. En ese año había 62 mil 739 empleados municipales; en 2014 se elevó a 71 mil 750; y en la última medición apareció con 78 mil 903 en el 2016, según los últimos datos actualizados del Inegi. Esta tendencia de crecimiento se ha mantenido y Jalisco presenta una tasa de personal empleado en administraciones municipales de 984 burócratas por cada 100 mil habitantes, por arriba de la media nacional que es de 828. Nuevo León tiene 607, Veracruz 556 y Puebla 541. Hay, pues, también muchos despilfarros, corruptelas, clientelas políticas y nóminas abultadas que urge cortar. Sin duda, despertaría una gran simpatía popular la o el alcalde, la o el candidato, que se anime a aplicar el reto IMCO como se decidió en el Congreso.jbarrera4r@gmail.com
