Hice una prueba. La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó el protocolo de recepción de reportes y denuncias anónimas de personas desaparecidas. Apliqué sus puntos al atentado con artefactos explosivos en Tlajomulco (el hecho que dio origen a estos lineamientos). Y no estoy seguro de que se hubiera evitado la tragedia. Salvo que la autoridad publique un documento mucho más prolijo en el Periódico Oficial del Estado, las láminas de Power Point presentadas son un compendio de simplificaciones en torno a aspectos del más puro sentido común y nociones jurídico-administrativas que ya figuran en la ley. Por ejemplo, en un reporte o denuncia solicita una narración de los hechos, documentos e información que faciliten la búsqueda, y la ubicación desde donde se reporta. También establece que debe asegurarse la escena y “hablar a especialistas si existe la sospecha de algún artefacto explosivo”. Pero no define cómo ni con qué herramientas se identifica que hay un explosivo cuando sabemos que se trata de ataques sorpresa (me pregunto cómo harán las propias autoridades para procesar las llamadas anónimas con las que extrañamente resuelven los casos de alto impacto). Uno de cinco puntos asigna esta tarea lógica al primer respondiente: “De surgir la existencia de personas heridas en el lugar, solicitará el apoyo médico necesario para priorizar su asistencia”. El apartado “Análisis de Riesgo” carece de una metodología práctica. No explican, por ejemplo, en qué ayuda o estorba la prohibición de tomar video o fotografías en una fosa. Sabemos que los colectivos los usan como un método informal de identificación al registrar objetos personales y prendas de las víctimas. También se prohíbe compartir la ubicación del sitio de búsqueda, ¿por qué? Puedo imaginar mil razones, pero me gustaría saber concretamente por qué. Hay voces que critican la postura de dos colectivos que rechazaron el documento cuando se trabajó con 11 más que en teoría lo aceptaron. En todo caso, la Fiscalía fue incapaz de transmitir los resultados de su trabajo con las familias. Eso implica abrir al escrutinio la deliberación que los llevó al protocolo. En vez de convertir a los medios en un aliado estratégico, la Fiscalía realizó una transmisión en vivo en donde leyeron 28 láminas -como en una exposición escolar- sin someterse al imprevisto de la interlocución. Eso sólo provoca que la Fiscalía se convierta en blanco de críticas que alimentan la sensación de derrota, indignación y frustración ante el problema de los desaparecidos. Entre los colectivos más antiguos -hablamos de aquellos con poco más de una década- hay quienes rechazan participar directamente en labores de tipo forense en campo. Por el contrario, los más recientes como “Madres Buscadoras de Jalisco” y “Colectivo Luz de Esperanza” se han especializado en búsquedas de este tipo con resultados notables. De ahí que exista una diferencia de criterios en las formas, pero nunca en la razón de fondo que es encontrar a las víctimas. Finalmente, confieso que algo de este debate me incomoda. Discutimos un protocolo para atender denuncias anónimas de fosas clandestinas. Es como si la normalidad fueran las inhumaciones ilegales masivas y ante esa realidad necesitamos un protocolo para actuar de forma segura. Es decir, nos ajustamos a esa realidad y nos preparamos para que “siga ocurriendo” cuando la lógica apunta a que deberíamos evitar las causas de esa violencia que se convierte en fosas, y no protocolos que naturalicen sus consecuencias, ¿sí me explico? jonathan.lomeli@informador.com.mx
