Las cuatro agresiones a personajes de la clase política, entre ellos dos pre-candidatos a presidencias municipales en los últimos tres meses en Jalisco, prenden los focos rojos por la creciente amenaza de que la crisis de violencia e inseguridad ponga en jaque el proceso electoral en marcha.Además de la conmoción y zozobra que causó el 18 de diciembre el artero asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y la sensación de vulnerabilidad que provocó el hecho de que se trató de un ataque claramente orquestado, y en el que dificilmente pudo quedar al margen el grupo delincuencial que domina la zona de Puerto Vallarta donde ocurrió crimen, vino el secuestro del virtual candidato del PRI a la presidencia municipal de Mezquitic, Álvaro Madera, quien aún no aparece y quien ya había ocupado esa alcaldía del 2012 al 2015. Ocurrió también a principios de este mes el asesinato de Analuci Martínez Saldívar, ex regidora panista de Cuquío, baleada a bordo de su auto en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, y ayer se sumó a esta cadena de agresiones la desaparición del presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo por el partido Movimiento Ciudadano, Alfredo Sevilla, quien buscaba la reelección en esa alcaldía y al que se le perdió la pista desde la mañana del miércoles pasado.Esta privación ilegal de la libertad reafirma a Jalisco en la lista de entidades que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal ve con mayores riesgos de que los grupos criminales coopten a los aspirantes a cargos de elección popular o atenten contra la vida de los que no acepten ceder a sus chantajes.Ante esta situación, por el bien de los jaliscienses y para no poner en riesgo a más candidatos y candidatas que participarán en las campañas políticas que están por iniciar, ojalá el gobierno federal y el gobierno alfarista hagan a un lado sus diferencias y pueda aterrizar en Jalisco la llamada “Estrategia de Protección en Contexto Electoral” que fue presentada la semana pasada por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. Más aún porque no se ve nada fácil que esta estrategia específica para dar seguridad a las y los candidatos se pueda dar sin mejorar el contexto general y hacer los ajustes de la estrategia nacional en esta materia, que está lejos de lograr la pacificación del país prometida por el gobierno de la autollamada cuarta transformación, y que es sobre la que descansa esta pretensión de querer blindar de las amenazas del narco a las y los aspirantes a alguna gubernatura, diputación o alcaldía que estarán en juego el próximo 6 de junio en la más grande elección intermedia de la historia del país. Por eso habrá que estar muy atentos a la implementación de las ocho acciones que contempla esa estrategia, entre las que destacan el trabajo con partidos políticos y autoridades electorales para cumplir con topes de campaña y rendición de cuentas, evitar el registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada y dar protección a candidatos amenazados por el crimen organizado.Veremos.jbarrera4r@gmail.com
