Entre la esperanza, la suspicacia y la decepción: así podrían resumirse las posturas de algunos representantes de colectivos de personas que están buscando a sus desaparecidos aquí en Jalisco ante el primer encuentro y las primeras acciones del gobernador Pablo Lemus Navarro. El desafío es mayúsculo, pues como se ha repetido una y otra vez, Jalisco es el epicentro de las desapariciones en todo México y uno de los territorios del mundo donde hay más ausencias forzadas por habitante. El Gobierno entrante ya no puede volver a defraudar la confianza, primero de las madres y familias buscadoras, y después de toda la sociedad jalisciense. Hay mucha expectativa ante las promesas del titular del Poder Ejecutivo, Pablo Lemus. Al arranque de su campaña el 2 de marzo de este año en Lagos de Moreno, Pablo Lemus se dijo conmovido por una cartulina que portaba una joven, durante su mitin. El papel decía: “Te cambio mi voto por mi hermano desaparecido”, y lo portaba Citlalli Pérez, quien busca a su hermano Édgar Rubén Pérez, desaparecido desde 2019. En el mitin el entonces candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano dijo que se le puso “la piel chinita” al leer ese mensaje y se dijo de verdad conmovido por este problema. Luego buscó a Citlalli Pérez para decirle que la llamaría, pero no le cumplió. Tras una reñida contienda electoral, Lemus tuvo un primer arranque en falso al anunciar el 7 de octubre la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, pero sin consultar y preguntar a los colectivos de familias buscadoras. Tras este traspié, su equipo sostuvo siete reuniones con organizaciones que buscan a sus desaparecidos y de ahí se fraguó el primer encuentro con Lemus como gobernador el pasado 10 de diciembre en Palacio de Gobierno. De los primeros pasos que está dando el nuevo Gobierno se puede resaltar, en primer lugar, el reconocimiento de que la crisis por desaparición de personas es un problema real, complejo y grave que aqueja a la sociedad jalisciense. En ese encuentro, a diferencia de su antecesor Enrique Alfaro, que solía minimizar o subestimar el problema, Lemus declaró: “Eso está completamente aceptado por esta Administración, y reconociendo el problema ahora tenemos que enfrentarlo y solucionarlo”. Y en otra parte de su mensaje se comprometió a “construir consensos” con los representantes de los colectivos para elegir a los responsables de cada área, a aumentar el presupuesto a las agencias encargadas de las búsquedas, a instalar cinco mesas de trabajo y mantener reuniones mensuales de trabajo encabezadas por él con los colectivos de búsqueda. Por lo pronto la semana pasada ya se instalaron las cinco mesas de trabajo ofrecidas, sobre Legislación y Reglamento; Operación, Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales; Atención Integral a Familiares y Personas de Búsqueda; seguridad, a cargo de la Coordinación General Estratégica del ramo; y Sostenibilidad, Transparencia, Rendición de Cuentas y Evaluación Estratégica. En estas reuniones participó al menos una docena de colectivos de familiares de la metrópoli y del interior del Estado. Está pactada la siguiente con Pablo Lemus para el próximo 8 de enero. Estos son los primeros pasos que da está administración para enfrentar este grave problema, ahora ya reconocido como uno de los principales que tiene el Estado. Los representantes de las familias están esperando que se cumplan las promesas que se están haciendo. Pero más que promesas, quieren acciones, como me dijo Citlalli Pérez del colectivo Hasta Encontrarles de Lagos de Moreno: “Yo siempre he dicho que política es política, las palabras siempre se las lleva el viento y necesitamos acciones. Mientras no haya acciones, pues seguirá siendo lo mismo. Sin embargo, creo que sí nos abre un poquito el panorama, ya que se escucharon las necesidades”. No tienen derecho a fallarles a las familias, sus esperanzas no deben ser traicionadas. Con o sin gobierno, debemos encontrar a todos los que nos faltan.rubenmartinmartin@gmail.com