Sí, a muchos inquieta y a muchos más (millones de mexicanos) desconcierta la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis económica que se avecina como consecuencia directa de la pandemia del coronavirus. Mientras la alarma se generaliza, el Mandatario asegura, con lenguaje casi bíblico, que “la gente entenderá el plan económico, pero los especialistas no”.Aunque no hay pruebas teóricas o fácticas que respalden su pronunciamiento y ni siquiera el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, alza la voz para defender los argumentos presidenciales, sí encontramos un sostén de los postulados económicos lópezobradoristas que el mismo Presidente reitera: el combate a la corrupción como garantía de acceso a recursos económicos que antes, durante el ejercicio de los gobiernos neoliberales, eran robados.Una y otra vez, el titular del Ejecutivo nacional subraya que se combate la corrupción y en no pocas ocasiones ha decretado que ya está extirpada, como tumor, de la vida nacional en México. Pero no es verdad. La corrupción sigue.En este delicado momento histórico que quizá haga naufragar a la naciente Cuarta Transformación, una de las medidas aplicadas por la administración federal fue adelantar pagos de los programas sociales para apoyar a las personas de la tercera edad y a los discapacitados. Líderes empresariales, economistas, analistas y dirigentes de organismos económicos han solicitado medidas como postergar la inversión en proyectos torales del Gobierno federal (la refinería de Dos Bocas, Tabasco, o el Tren Maya, que recorrerá el Sureste); otros exigieron considerar un diferimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta o la reducción en el cobro de tarifas de energía eléctrica, entre otras cosas. Hubo incluso quienes defendieron el endeudamiento público para incrementar el fondo de rescate ante la crisis, pero el Presidente López Obrador descalifica totalmente la opción de nueva deuda.Entre propuestas, contrapropuestas y posturas férreas de la autoridad federal, nadie ha criticado el adelanto de la “pensión” a los adultos mayores o a los discapacitados.Pero hay una realidad que los ancianos comentan, aunque no llega a los oídos presidenciales: a muchos (no se sabe cuántos) los apoyos no les llegan, o se les entregan parcialmente.Eso huele a corrupción.Y lo peor es que estados como el de Jalisco, no hay funcionarios a las que los beneficiarios de los programas sociales les puedan consultar o exigir: ¿Por qué a algunas personas les depositan sólo un porcentaje de lo ordenado por el Presidente? ¿Por qué a otros beneficiarios ni siquiera les ha llegado?¿Quién o quiénes deben informar sobre eso: el delegado del Gobierno federal, un funcionario de la Secretaría del Bienestar? ¿Por qué no hay un comunicado que aclare o precise retrasos o cambio de depósitos? ¿En dónde se pueden consultar los estados financieros que hagan explícito el manejo de los montos multimillonarios destinados a brindar un apoyo a los más desfavorecidos en medio de la crisis? Son 42 mil millones de pesos que sólo en el caso de los adultos mayores (8 millones de personas), ya deben estar entregados.A los ancianos nadie les informa. Prefieren callar antes que arriesgar. Pero no todos están recibiendo los cinco mil 240 pesos prometidos.
