Ahora que tanto a nivel nacional como estatal tendremos sendos fiscales carnales, elegidos por el Presidente y el gobernador en turno, sin duda un atenuante es la promesa del Gobierno y la bancada alfarista en el Congreso local de corregir la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía en Jalisco como lo pide el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.El cumplimiento de esas adecuaciones puede significar tener a nivel estatal un fiscal general que aunque no vino sugerido por la sociedad civil como era la exigencia del movimiento #FiscalíaQueSirvaJalisco, esté al menos acotado por un diseño institucional que fortalezca a la Fiscalía Anticorrupción, abra espacios para que ciudadanos expertos en el tema puedan supervisar y evaluar la persecución de los delitos, y se profesionalice a su personal.Esta rectificación abre también la posibilidad de que Enrique Alfaro empiece a cumplir la palabra empeñada de que el modelo de la nueva Fiscalía atienda los 22 puntos mínimos planteados por más de 50 organizaciones empresariales, académicas y sociales, que no sólo se habían ignorado, sino que en los términos que se aprobó la semana pasada esa Ley, los contravenían.Como lo anunció en su discurso de toma de protesta hace una semana, su Gobierno atendería las observaciones del CPS, quienes le tomaron la palabra y ya solicitaron formalmente que el gobernador vete parcialmente esta Ley. La solicitud la hicieron en una reunión con el propio fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez, el consejero jurídico estatal, Adrián Talamantes, y los diputados locales Enrique Velázquez y Héctor Pizano, presidente y vocal de la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia.Aunque la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General no puede ser vetada porque ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, los integrantes del CPS salieron de ese encuentro en Palacio de Gobierno con el compromiso de los diputados de hacer las reformas necesarias para regresar las atribuciones de autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que desparecieron en la reforma del martes 4 de diciembre pasado. La recomendación es mantener sin cambios los artículos 22-A, 22-B y 22-C.Pidieron además regresar los artículos donde se detalla el proceso para la elección ciudadana del fiscal Anticorrupción, a través de una convocatoria pública, con la participación del CPS, el gobernador y el Congreso, así como la insaculación como método para conjurar cualquier intento de bloqueo como ya los ha habido, cuando en el Congreso los diputados deliberadamente dejan pasar los plazos o no dan a ningunos de los aspirantes la mayoría.Exigieron también el regreso de los artículos que no sólo garanticen la autonomía técnica, operativa y presupuestal de la Fiscalía Anticorrupción, sino la facultad de investigar al fiscal general, así como nombrar a su personal y el destino de los recursos que le son asignados sin su intermediación o visto bueno. Finalmente pidieron reformar los artículos 1,2,7 y 8 para evitar una estructura vertical y onerosa, que garantice el Servicio Profesional de Carrera y que permita la participación ciudadana en el Programa Estatal de Procuración de Justicia.En esa propuesta ciudadana de “refundación” de la Fiscalía habrá que estar muy pendientes de su cumplimiento.
