El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha condicionado su asistencia a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio a que se invite a todos los presidentes de los países de la región, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua.Hasta ahora se ha sumado a este condicionamiento el presidente Luis Arce, de Bolivia; mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el de Argentina, Alberto Fernández, aunque no han rechazado asistir, han respaldado la postura de López Obrador.Detrás de esto hay un objetivo político interno.AMLO sabe que la población mexicana tiene inclinaciones nacionalistas y que es muy probable que obtenga un respaldo creciente al dar la impresión de que se está enfrentando al gobierno de Biden.No importa que con el gobierno de Trump haya cedido a casi todo cuanto se le impuso.Hay quien piensa que todo este jaleo no es otra cosa que simples fuegos artificiales.Me temo que no es así.Se trata de un desencuentro más de varios que ya ha tenido AMLO con el gobierno de Biden y que tendrá consecuencias.El Gobierno norteamericano sabe que, si la Cumbre de las Américas se convierte en un fiasco por la inasistencia de jefes de Estado o por las críticas al gobierno de Estados Unidos, los enemigos internos de Biden, notoriamente los republicanos, van a aprovechar esa circunstancia para atacar.Pero, hay otro asunto más que es inquietante.Los argumentos del Gobierno de los Estados Unidos para no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua es por no considerarlos gobiernos electos democráticamente.El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana establece que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización (de Estados Americanos)”.La actitud promovida por el Presidente mexicano es indirectamente una advertencia al Gobierno de los Estados Unidos respecto al hecho de que no aceptará que la calificación de un proceso electoral como democrático pueda provenir del exterior.De la misma manera que el Gobierno no aceptó la expresión de preocupación del Parlamento Europeo sobre la violencia contra periodistas, pareciera que se está curando en salud y no aceptará que algún ente externo juzgue si las prácticas electorales en México son democráticas o no lo son.¿Será que se está preparando el terreno para que en el 2024 no se acepte el juicio de los observadores internacionales ante posibles prácticas electorales cuestionables en la elección de ese año?¿O de plano tal vez ya no preocupa lo que diga el Gobierno de Biden ante la perspectiva de tener nuevamente a su amigo Trump en la Casa Blanca a partir de enero de 2025?
