El desabasto de gasolina es el tema central en redes sociales, acapara todas las conversaciones y por supuesto, los medios de comunicación. Es comprensible, no es para menos. Pero algo muy importante también ocurrió la semana pasada, y salvo algunas notas en interiores o menciones breves en medios electrónicos, la noticia se ahogó en medio de la marea de información sobre el plan para combatir el huachicol y la criticada estrategia de distribución de gas.Por primera vez en la historia del país, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho, por las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima por parte de autoridades que la detuvieron arbitrariamente y la torturaron hace 13 años.En 2005, Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del edén, una investigación periodística sobre una red de pederastia y pornografía infantil en la que estaban involucrados políticos y empresarios. Tras la publicación, fue encarcelada y torturada bajo el amparo de la impunidad y la complicidad de autoridades.Más de una década después y luego de acudir a instancias internacionales, finalmente las autoridades mexicanas reconocieron públicamente su responsabilidad por los agravios y se comprometieron a cumplir la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en particular con la sanción de todos los responsables y las garantías de no repetición.Las disculpas públicas como parte de la reparación del daño son sin duda alguna un gran avance en materia de derechos humanos, pero tan sólo un primer paso en el camino en un país donde el derecho a la información y la libertad de prensa son severamente vulnerados, como lo expliqué en la columna de la semana pasada.Paralelamente a este acto de desagravio, el Estado mexicano tiene la obligación de emprender acciones para frenar las agresiones y asesinatos de periodistas en todo el territorio nacional; así como de ofrecer garantías de no repetición, pues como es bien sabido, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.Lo ocurrido la semana pasada nos da esperanzas, sí, pero nos obliga también a mantener las exigencias, porque sobre todo en el interior del país, continúan las prácticas de hostigamiento y de intimidación hacia los comunicadores y periodistas. De nada servirá este acto de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades si no llega la tan anhelada justicia, si la impunidad sigue siendo el denominador común de todos los casos que agravian la libertad de expresión.En su discurso de aceptación de las disculpas, Lydia Cacho puso los puntos sobre las íes: este es el primer paso, falta hacer justicia por las víctimas de Atenco, las de la Guardería ABC, por los niños secuestrados y obligados a trabajar para el narcotráfico y por cientos de miles de víctimas que hay en este país. Por todos ellos “seguimos y seguiremos”.
