Nadie supo lo que ocurrió. La gente salió a la plaza pública central de Cocula debido al fuerte operativo que había rodeado a la Policía municipal. En paralelo, las fuerzas de seguridad de Casimiro Castillo eran desarmadas por la Fuerza Única. La instrucción fue directa: Aristóteles Sandoval ordenó actuar “con toda la fuerza hasta el último día de la administración” para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Corría diciembre del año 2014.La duda entre los ciudadanos era perceptible: ¿Y ahora cómo vamos a lidiar con estos?Unión de Tula, Villa Purificación, Teocaltiche, Tlaquepaque, Tlajomulco, Encarnación de Díaz. Ya sea en la Zona Metropolitana de Guadalajara o en las distintas regiones de Jalisco, desde el sexenio de Aristóteles Sandoval y hasta la fecha, una de cada cinco fuerzas de seguridad municipales en Jalisco ha sido intervenida por las autoridades federales y estatales.Y la razón es evidente: desconfianza.La sospecha de infiltración del crimen organizado entre las corporaciones municipales de nuestro Estado no es reciente. Y eso es más que alarmante, pues demuestra que la estrategia emprendida para frenar la proliferación de este fenómeno entre los cuerpos de seguridad de Jalisco simplemente no ha dado resultados.Si hay corporaciones que en cuanto a personal pueden considerarse medianas, como las de Tlajomulco o Tlaquepaque, que ya han despertado recelo entre las autoridades del Estado, las que se encuentran en regiones como Los Altos o el Sur de Jalisco son carne de cañón y una presa facilísima para las garras de la delincuencia.El fenómeno no es menor. Entre diciembre de 2014 y hasta esta semana, 23 corporaciones de seguridad pública municipal han sido intervenidas, desarmadas e investigadas para descartar si hay o no ligas entre sus elementos y los altos mandos con miembros del crimen organizado. En verdad: el fenómeno no es menor.Esta política de intervención y revisión inició en septiembre de 2014, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto anunció que la prioridad en su estrategia de seguridad nacional se centraba en cuatro Estados clave: Michoacán, Tamaulipas, Guerrero… y Jalisco.Desde entonces, el Gobierno federal sabe que en nuestro Estado la situación es delicada. Y nueve años después, ésta no ha hecho sino empeorar.Hoy, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que ni la mitad de los ciudadanos percibe confianza en las autoridades municipales. Sólo 47.2 por ciento cree que su desempeño es “muy” o “algo efectivo”. En contraste, la Marina tiene una aceptación de 85.4 por ciento. La diferencia es abismal.¿Y cómo tener confianza si hay municipios como Tecalitlán, donde había oficiales señalados por la desaparición de tres ciudadanos italianos, cuyos cuerpos no han sido localizados desde 2017? ¿Con qué cara se defiende a un municipio en donde sus policías no sólo tienen récord de consumo de drogas, sino antecedentes por desaparición forzada, como Teocaltiche?Para abril de 2021, siete años después de la primera intervención, ya eran más de 120 policías de 14 municipios de Jalisco los que han estado involucrados en desapariciones forzadas. ¿Y entonces cómo queda la estrategia?La lista de puntos bajo la lupa es amplia: Cocula, Casimiro Castillo, Unión de Tula, Villa Purificación, Pihuamo, Jilotlán de los Dolores, La Barca, Villa Corona, Teocaltiche, Tlajomulco de Zúñiga, Ocotlán, Bolaños, Tecalitlán, Tlaquepaque, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, Mezquitic, Colotlán, Villa Guerrero y Encarnación de Díaz.En dos sexenios, una de cada cinco corporaciones policíacas en Jalisco se ha puesto bajo la mira del Estado. Y los resultados de esas intervenciones sólo son estadísticos, pues ni los ciudadanos gozan de mayor seguridad o confianza en sus oficiales, ni esos oficiales gozan de mejores prestaciones, preparación y equipo para hacer frente al monstruoso aparato del crimen organizado, de un aparato que se ha infiltrado tan a fondo que, desafortunadamente, las ha consumido hasta la médula.
