El Poder Judicial de Jalisco nunca ha sido un poder que actúe con total independencia y autonomía, pero probablemente nunca había estado sometido al poder en turno como ahora en el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.En los tiempos del Gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el nombramiento de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) pasaba directamente por la oficina del gobernador en turno, y solamente se ratificaba la decisión del gobernante en el Congreso del Estado en manos de una mayoría aplastante de diputados priistas.Al llegar la alternancia de poder en el Gobierno del Estado, en 1995, con el triunfo de Alberto Cárdenas Jiménez, el nuevo Gobierno panista pretendió renovar la Judicatura jubilando por anticipado a los magistrados del STJE, pero una torpe operación logró que de pronto los integrantes del Poder Judicial recordaran que eran un poder autónomo y cuestionaron la “injerencia” del Poder Ejecutivo. Al paso de los años, durante los gobiernos de alternancia, en lugar de que sólo el gobernador y su partido designaran a los magistrados, se pasó a la negociación de posiciones por parte del Gobierno en turno, en acuerdo con los grupos parlamentarios mayoritarios. Así se fue consolidando lo que ahora se conoce como la fórmula de “cuotas y cuates” para designar este proceso mediante el cual las fracciones parlamentarias y poderes fácticos designan a los integrantes del STJE y también del Consejo de la Judicatura. En ese reparto de cuotas entraron no sólo los principales partidos como Acción Nacional (PAN), PRI, de la Revolución Democrática (PRD), Verde y ahora Movimiento Ciudadano (MC), sino que se incluyó también al grupo político que gobierna y controla la Universidad de Guadalajara (UdeG) con Raúl Padilla López a la cabeza.Ahora que el Gobierno de Enrique Alfaro decidió romper la alianza política que tenía con el grupo UdeG se ha ido dando un proceso de mayor control por parte de Movimiento Ciudadano y del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial.El rompimiento de la alianza con el grupo UdeG ha propiciado una especie de limpia de consejeros, magistrados y jueces identificados con el grupo universitario. Ejemplos de ello es el cambio de adscripción de jueces vinculados a la UdeG; la destitución de trabajadores de la sala del consejero de la Judicatura José de Jesús Becerra; que a éste se le impida entrar al informe de labores del titular del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón; y la decisión de no ratificar al magistrado Luis Enrique Villanueva, por sus vínculos con el grupo UdeG.El gobernador Enrique Alfaro anunció desde su campaña electoral su intención de “limpiar” el Poder Judicial, y enhorabuena, pero lo que ha hecho no es una limpia sino quitar espacios a un poder fáctico para entregarlo a manos de su partido o nombrar a magistrados afines al grupo de poder del propio gobernador.Seguramente hay razones para cuestionar que un grupo de poder universitario tenga injerencia en las designaciones del Poder Judicial, pero igual debería impedirse que los partidos o grupos de poder del Estado metan mano en el poder que imparte justicia. Pero no es así. Las consecuencias de este poder sometido son desastrosas para la sociedad jalisciense, que tiene uno de los peores poderes judiciales de todo el país. Según el Índice de Estado de Derecho en México, realizado por The World Justice Project, Jalisco aparece en focos rojos en la impartición y procuración de justicia, con peores resultados en “orden y seguridad” y “ausencia de corrupción”. El Estado registró un puntaje promedio de 0.37 en los ocho indicadores evaluados, en una escala del 0 al 1. En 2018 estaba en el lugar 23 y ahora en el 25, según un reportaje de este diario publicado en mayo del año pasado (https://bit.ly/3iRoLR0).Con datos más recientes del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, publicado en octubre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Poder Judicial de Jalisco es el más ineficiente del país si se toman en cuenta los asuntos que se han resuelto contra aquellos que recibió el año pasado: apenas dio resolución a 18.5 por ciento de los casos (https://bit.ly/3UUMxsP). Este control y sometimiento de este poder permite que se produzcan casos de abuso de poder y de mercantilización de la impartición de justicia, como ocurre con dos mujeres que han denunciado abusos en su contra por parte de los impartidores de justicia. En el caso de Gabriela, fue detenida luego de denunciar a su hermano de abuso sexual cometido en contra de la propia hija del denunciado (https://bit.ly/3W339QE). En otro caso, Laura Lucía es una mujer que denunció hostigamiento y acoso sexual por parte del director general de Operadora de Servicios Mega (Grupo Mega), y fue privada de su libertad al ser imputada de cometer fraude dentro de la misma empresa que denunció. En estos casos parece imperar el compadrazgo y la torcedura de la ley mediante el amiguismo y los contactos con los impartidores de justicia (https://bit.ly/3YkX03C). La promesa de campaña del actual gobernador de limpiar el Poder Judicial sigue pendiente. No se tiene un Poder Judicial más independiente y autónomo, sino uno más controlado y sometido por el actual grupo gobernante. rubenmartinmartin@gmail.com
