Además de los obligados ajustes legales que se tienen que hacer para evitar las distorsiones en las asignaciones de las prerrogativas, como sucedió con los partidos políticos estatales Futuro y Hagamos, lo que también habrá que poner a prueba serán los lineamientos para la devolución de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos públicos por los institutos políticos que perdieron su registro al no alcanzar el 3 por ciento de la votación.En la sesión extraordinaria donde se aprobó el polémico anteproyecto del financiamiento para los partidos políticos el año próximo, las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobaron también los llamados “Lineamientos para llevar a cabo el procedimiento de liquidación del patrimonio adquirido por los partidos políticos estatales que pierdan su registro local ante el IEPC”.Aunque mínimo, es ya un avance que este tema del que muy poco se hablaba ahora se haya ventilado en la sesión. A grandes rasgos, se plantea que el IEPC designará a interventores para recibir y hacer los avalúos de los bienes apoyado en peritos valuadores, para luego venderlos en un primer momento al precio del avalúo. En 15 días hábiles, los remanentes se venderán al valor del mercado, y si en el mismo lapso tampoco se venden, se ofrecerán a valor de remate.A nivel local, el único partido que no alcanzó la votación mínima y deberá entrar a este proceso de entrega de su patrimonio institucional será el partido SOMOS. A nivel nacional, los que perdieron el registro fueron los tres partidos de reciente creación, el Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FSM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), por lo que habrá que ver si el INE renueva o no sus lineamientos para recuperar lo que los partidos compraron con el erario. Más aún por la gran opacidad con la que se han dado los finiquitos de los 22 partidos políticos que han perdido su registro de 1991 al 2018, y que habían recibido al menos 7 mil millones de pesos en prerrogativas. Hasta ahora ha habido muy poca claridad de cuánto y a quién han regresado estos institutos los activos que adquirieron con el dinero que reciben de los órganos electorales, de nuestros impuestos a través de las prerrogativas.Aunque dirán que buena parte de esas sumas se las gastaron en campañas políticas y en el gasto corriente de sus institutos políticos, lo cierto es que nunca ha habido un entrega transparente de oficinas, computadoras, muebles de oficina, autos y demás equipo que compraron para su operación con dinero público, ni las chequeras para entregar el dinero no ejercido.Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo más probable es que ante tan poca supervisión se hayan dado casos de desvíos de recursos, sobre todo en aquellos partidos políticos que se han convertido en verdaderos negocios familiares o de grupo.Es, pues, también hora de acabar con los partidos políticos patrimonialistas.jbarrera4r@gmail.com
