¿Se puede creer que accidentalmente el fin de semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya sugerido una reforma para ampliar su periodo en la presidencia y este 25 de octubre hayan comenzado los análisis de la llamada Reforma Electoral? En política no hay coincidencias, aseguran los más desconfiados.Con intención o no, más allá de las palabras presidenciales, el hecho es que arrancaron los “trabajos” de esta reforma.El objetivo es conocido con mucha anticipación: desmantelar al INE, sacar de la jugada a los consejeros electorales, reducir al máximo las facultades ciudadanas y darle más poder de decisión al Gobierno en la organización de los procesos electorales.En la discusión y las acusaciones que se presentarán entre diputados y senadores, entre dirigentes partidistas y funcionarios, se perderá de vista que la democracia mexicana está en riesgo y aunque los ciudadanos están desencantados del sistema de partidos (por sus resultados) y el costo de los procesos electorales, también es verdad que con todo y críticas, en México las elecciones son organizadas y ejecutadas por ciudadanos.¿Cómo es posible salvar al INE y a la democracia?Van algunas sugerencias.Urge que los funcionarios electorales salgan de su nicho, que dejen de pensar su quehacer como si fueran académicos dignos de un Nobel. Olvidan que a pesar de sus doctorados y altos sueldos, se deben a ciudadanos que padecen inseguridad, desigualdad, pobreza, falta de oportunidades; personas que no ven mejoría en la vida pública por más que sus gobernantes y representantes lleguen a los cargos públicos de manera legítima.Si no encuentran un lenguaje próximo a la gente, si no explican llanamente por qué es mejor tenerlos que perderlos, serán derrotados en la batalla argumentativa por los diputados de Morena y sus aliados.También es imperativo revisar el sistema de partidos. Seamos claros aunque resulte impopular: los partidos políticos son la base de la democracia, pero no ha sido justificado aún por qué tenemos una decena de partidos (además de los estatales) ni por qué hay que destinarles financiamiento público sólo como a sus dirigentes conviene. Todas las élites partidistas (sí, también la de Morena) son poco transparentes y están cómodamente instaladas en el espacio de privilegio que les da su financiamiento. Bien podría cuestionarse: ¿Puede haber pueblo pobre con partidos ricos?Por otra parte, los organismos electorales, el INE y los institutos estatales, son permanentemente cuestionados por motivos varios: por el costo de su operación y por la cantidad de personal de alto y menor niveles que los conforman.¿Sabe el mexicano promedio cuántos son, qué tareas desempeñan, cuál es su preparación, por qué los altos sueldos que devengan? ¿Por qué son necesarios o dicho de otro modo, por qué los necesitamos para los procesos democráticos, para las elecciones, para las consultas populares, para la democracia mexicana?Es mucho lo que debe explicarse y simplemente no lo hacen. Seguramente razonan que no es su obligación o que alguien más hará esa tarea.Si no inician ya la labor de explicación puntual, detallada y paciente de su desempeño, entre la población sólo quedará el argumento negativo de los miembros de Morena y de los voceros permanentes del Gobierno federal, empezando por el Presidente del país, que los etiquetan y los tachan de todo lo contrario que se supone, es su misión.El tiempo se agota: o cambian o los desaparecerán… aunque sea peor perderlos que tenerlos.
