Imaginemos una tienda de abarrotes. Un día llegan los delincuentes y le imponen al dueño un cobro de derecho de piso. Luego lo obligan a vender solo ciertas marcas de cigarros y finalmente le colocan un minicasino o máquina tragamonedas. Lo anterior es un caso hipotético, pero describe el relato informal, un secreto a voces, de cómo operan las rentas ilegales que impone el crimen en México. Estos principios de la economía criminal aplican lo mismo para una empresa grande, mediana o un changarro. Recién escribí la columna “Narcorentas”. Allí abordé la dificultad de medir el cobro de derecho de piso porque no existe en nuestra legislación; se maneja como una variante de la extorsión. El tema surgió porque el gobernador aseguró que en Jalisco este fenómeno es inexistente. Hablé con la doctora María Teresa Trujillo, especialista en violencias y autora de la tesis doctoral “Empresarios y patrones de protección en contextos peligrosos: el caso de Guadalajara, México” (2019), realizada en el Instituto de Estudios Políticos de París. La especialista define el derecho de piso como una forma de “protección” que ofrece el criminal a la víctima: la protege de sí mismo y otras amenazas. Eso crea una relación de largo plazo, pues el pago es recurrente (mensual, semanal). La extorsión, en cambio, es un delito predatorio: ocurre una sola vez igual que otros ilícitos. Por ejemplo, el robo.La académica analiza el derecho de piso, no como una simple conducta criminal, sino como un entramado en donde entra en juego el mercado de la protección, un monopolio que ya no es exclusivo del Estado. Significa que hay otros actores: la seguridad privada, la contratación extralegal de figuras policiales y el pago a criminales. Esto crea una red compleja de asociaciones en donde manda quien tiene mayor capacidad para ejercer violencia. El peligro del cobro de piso radica en que los criminales han empezado a definir el orden social. La especialista en ciencia política elaboró su documento doctoral con algunas de estas premisas a partir de entrevistas realizadas entre 2015 y 2017 con más de medio centenar de empresarios tapatíos. El derecho de piso, silencioso, se oculta en las estadísticas de incidencia delictiva, en la resistencia de la clase política a reconocerlo, en la pereza de los legisladores para tipificarlo y de las corporaciones policiales que lo ignoran. jonathan.lomeli@informador.com.mx
