Está en marcha la operación acarreo con una consigna: movilizar la mayor cantidad de burócratas para que voten por el Sí en la consulta sobre el pacto fiscal que promueve el gobernador Enrique Alfaro. Cuatro fuentes de tres dependencias estatales me relataron cómo funciona. El modus operandi coincide.Los mandos altos entregan a sus subordinados un código personal para ingresar a una página web por medio de un correo «que no sea institucional». Allí se registran junto con 20 contactos, familiares o amigos. El formulario contiene siete casillas obligatorias: nombre, primer apellido, colonia, municipio, código postal, fecha de nacimiento y número de celular. El botón «Agregar Invitado» permite avanzar. El viernes pasado, según uno de los testimonios, añadieron al documento casillas de verificación de asistencia. El gobierno estatal sostiene que se trata de una invitación y un deber civil, que no hay coacción. Sobre el punto, mi fuente ironiza: «No te sientas obligado, pero te vamos a vigilar». Las dudas asoman: ¿qué pasa si no lo hago? ¿Por qué debo entregar datos de otras personas? ¿Viola esto la Ley de Datos Personales? ¿Quién administra y concentra esa información? Cynthia Cantero, presidenta del ITEI, me lo confirma: debe mediar un aviso de privacidad con el aval de quien entrega sus datos personales. De otra manera, hay una ilegalidad que sólo puede atender el ITEI vía denuncia.La movilización será por bloques enfocados al fin de semana. Este jueves bajarán la orden en distintas dependencias para salir a votar el sábado y domingo. El pasado fin votaron 124 mil. Para que la consulta sea vinculante requiere 2.5 millones de votos.¿Llegarán a la meta? Tengo los datos para suponer que sí. Lo explico. El gobierno de Jalisco opera con una plantilla de 144 mil funcionarios públicos, según INEGI. Si movilizan a cien mil burócratas, multiplicados por 20 contactos cada uno, están del otro lado: la cifra alcanza los dos millones de votos. Pero además la operación acarreo incluye algunos de los 125 ayuntamientos en el Estado, en donde laboran 73 mil burócratas (INEGI). El medio millón de votos necesario se completa de ahí.¿Qué gana el gobernador? La promoción personal y partidista de cara a 2024 es lo de menos. Gana una jugosa base de datos de 2.5 millones de ciudadanos, información que hace la diferencia en una campaña electoral. El deber civil de un servidor público, estimo, no es compartir 20 contactos para que voten. Sino rehusarse a participar en una ilegalidad, denunciar ante el ITEI y votar sólo si lo desea. Sin entregar nada más.