La expresión extrema de la violencia contra las mujeres se volvió a repetir el jueves pasado en Jalisco con el feminicidio de Vanesa Gaytan Ochoa, a quien su marido Irwin Emanuel Ramírez, del que se estaba divorciando, la arrolló con su auto y luego bajó para apuñalarla.Ese día hubo en Jalisco una jornada más de severa violencia con una decena de homicidios más, pero sin duda lo que más crispó fue el asesinato de la joven mujer por el lugar y el momento en que se dio: en plena mañana en la esquina de Casa Jalisco, que es en teoría el lugar más vigilado de la Entidad, más aún porque, vaya paradoja, adentro el gobernador Enrique Alfaro encabezaba una reunión con el gabinete de seguridad. Fue por eso que le tocó a un escolta del fiscal, Gerardo Solís, disparar al agresor, quien más tarde murió en un puesto de socorros. Los ecos de esta tragedia no pararon el fin de semana; hubo incluso una manifestación afuera de Casa Jalisco, donde el gobernador prometió que revisarán sus estrategias contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres.También porque la muerte Vanesa, además de enlutar a ambas familias, dejó nuevamente claro que las órdenes de protección expedidas a mujeres que han denunciado ser violentadas por sus parejas y que han sido amenazadas no las salvan de la muerte. Como ha sucedido ya con otras mujeres que han perdido la vida de manos de sus maridos, Vanesa tenía una orden de protección desde 2017, luego de acusar las primeras agresiones de su pareja.Este nuevo feminicidio debe obligar a las autoridades, además de revisar las omisiones en el seguimiento a esta denuncia y a la implementación de la protección y la vigilancia del agresor, a hacer una revisión profunda de los obstáculos que persisten para que este instrumento contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se aplique debidamente y el Estado cumpla su obligación de salvaguardar la integridad de las mujeres. Actualmente 14 mil 212 mujeres cuentan con una orden de este tipo que debe hacerse valer.Porque si algo ha quedado claro con los feminicidios de mujeres que ya contaban con una orden de protección, como le pasó a Vanesa, es que estos instrumentos están lejos de funcionar “para atender con eficacia y rapidez institucional los hechos de violencia contra las mujeres”, como dicta la LGAMVLV.Jalisco se convirtió desde 2016 en el primer Estado en emitir una Alerta de Violencia contra las Mujeres, pero al igual que las implementadas desde el Gobierno federal en casi todas la entidades, no han funcionado ni siquiera para disminuir el número de agresiones a mujeres. En el primer trimestre del año se registraron mil 134 casos en Jalisco, casi 150 mas que en el mismo lapso de 2018, por lo que la Entidad está en el tercer lugar con más casos de violencia contra las mujeres. En noviembre de 2018 entró en vigor la Alerta del Gobierno federal también en Jalisco, sin que esta problemática cese.Es urgente, pues, revisar y deslindar responsabilidades de las autoridades que no han cumplido los compromisos suscritos en esta estrategia hasta hoy fallida y estéril.jbarrera4r@gmail.com
