Lo ocurrido el fin de semana en Ocotlán, cuando decenas de inconformes bloquearon calles con barricadas y quema de llantas para protestar por la presencia de policías federales, es una nueva muestra de la infiltración delincuencial que hay en esa región del Estado y que se agravó luego de la venganza policial ocurrida en el Rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, en la zona limítrofe con Jalisco el 22 de mayo de 2015.Muchos de los y las quejosas son familiares del grupo conocido en Ocotlán como los “42 Guerreros”, grupo que fue abatido por policías federales en aquel enfrentamiento, que se dio dos meses después de que cinco elementos de la recién creada Gendarmería fueron emboscados a las nueve de la noche y en plena cabecera municipal de Ocotlán, sin que la policía municipal hiciera nada para intervenir.La “venganza de Tanhuato” como es conocido ya aquel episodio negro, fue confirmada por la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre ese operativo que realizó la PF con helicóptero Black Hawk artillado desde el que dispararon contra los presuntos sicarios del cártel Nueva Generación.El informe de esta investigación lo dio a conocer la CNDH el 18 de agosto de 2016 y ahí se concluye que la Policía Federal (PF) aplicó fuerza excesiva e innecesaria en 22 de los 42 hombres con los que se enfrentaron y resultaron muertos. La contundencia del reporte dado por el Ombudsman Raúl González, provocó que al día siguiente el Comisionado General de la PF, Enrique Galindo Ceballos, renunciara a su cargo.Esos agravios están detrás de las cíclicas manifestaciones que se dan en Ocotlán. Queda claro, pues, que como siempre, los excesos policiales lejos de contribuir a recuperar el tejido social, lo rompen más, y consolidan y amplían la base social de los grupos de la delincuencia organizada que dominan esa plaza, y que no se han podido debilitar pese a que desde al menos tres años opera ahí una Base de Operación Mixta, conocidas como BOM, a cargo del Ejército Mexicano.Apenas en marzo del año pasado, hubo también protestas luego de que la Fiscalía General del Estado desarmó y tomó el control de la Policía de Ocotlán, por las sospechas de colusión con las mafias de la región. En aquella ocasión, los quejosos convocaron a través de redes sociales en las que exhibían fotos de los jóvenes caídos en Tanhuato. La exigencia era que salieran los policías estatales y volvieran a instalar a los municipales. Tanto las autoridades municipales de Ocotlán, como el gobierno estatal y federal deben hacer mucha más que intercambiar culpas, para recuperar una comunidad, como muchas otras del país, permeada por el narco.
